Tribunal impone seis años de prisión y dos años de inhabilitación, así como un pago superior a los 24 millones nuevos soles por conceptos de reparación.
La pena vencerá el 10 febrero del 2013, teniendo en cuenta desde que fue detenido en Chile. Asimismo, fue inhabilitado por dos años para no ejercer el cargo de Presidente de la Republica e incapacidad para obtener cargo publico.
El pago de reparación en agravio del Estado es de 24 millones 60 mil nuevos soles. Del mismo modo, deberá pagar 3 millones de nuevos soles a favor de los agraviados en forma proporcional.
Ver sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia
Parte I: Antecedentes
Parte II: Fundamentos
Parte III: Fallo
Casos por los que fue sentenciado
1er Caso: Interceptación telefónica
En la acusación por “interceptaciones telefónicas”, el fiscal Peláez Bardales indicó que desde el año 1990 Alberto Fujimori junto a su ex asesor Vladimiro Montesinos y con la participación de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, diseñaron y conformaron el “Plan Emilio”, con la finalidad de interceptar las comunicaciones de ciudadanos “adversos al régimen”.
Para materializar ello, agregó, se usaron fondos públicos para la adquisición de interceptación y se instalaron centros de escucha; además con el mismo dinero se pagó a personal encargado de realizar estas interceptaciones, quien “era el principal beneficiado” con estas actividades.
Asimismo, refirió que las órdenes para realizar estas acciones ilícitas fueron efectuadas por el propio Fujimori, quien, incluso, emitió resoluciones destinadas a la compra de equipos y egresos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
De igual modo, Peláez Bardales refirió que Fujimori conocía de las actividades del centro de interceptaciones instalada en el propio Palacio de Gobierno, denominado “Casablanca”.
2do Caso: Control de medios
Respecto a la “compra ilegal de medios de comunicación”, el fiscal afirmó que desde el año 1999, Alberto Fujimori “coordinó y encargó” a Montesinos Torres la compra y adquisición de un canal de señal cerrada y de la línea editorial de un diario local.
Por ello, se adquirió tanto el Cable Canal de Noticias (CCN) y Expreso con la intención de seguir manteniéndose en el poder, cuyos hechos, dijo Peláez Bardales están debidamente acreditados.
En otro momento, el fiscal refirió que la compra de medios de comunicación se efectuó con dineros del Estado, los cuales, fueron derivados de fondos de los institutos armados, de 250 mil dólares de forma mensual.
La orden para realizar este desvío de fondos fue ordenada por el ex presidente Fujimori, quien además tuvo una activa participación, según determinó las declaraciones realizadas por la testigo Matilde Pinchi Pinchi.
3er Caso: Congresistas tránsfugas
En el caso de la “compra de congresistas”, Peláez Bardales señaló que en el año 2000 Alberto Fujimori “diseñó, planificó y dirigió” un plan de “reclutamiento” de congresistas para que abandonen sus bancadas y pasen a formar parte de las filas del partido de gobierno.
Ello, añadió el fiscal, se produjo luego de las elecciones de 3 de abril del año 2000, cuando el partido de Fujimori no obtuvo la mayoría parlamentaria.
Precisó que los fondos para realizar la compra de los congresistas elegidos, provino de fondos del SIN que, a su vez, eran derivados de los ministerios de Defensa y del Interior.
La Fiscalía de la Nación, solicitó que Fujimori sea condenado a una pena de ocho de prisión y pague una reparación civil de cinco millones de nuevos soles a favor del Estado y tres millones en forma proporcional a favor de los agraviados por el delito de interceptación telefónica.
Fuente: http://alternativaprensa.blogspot.com
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