La mayoría eran campesinos que defendían sus derechos. El Estado pretende desconocer su responsabilidad en los hechos de Bagua y la existencia de un comando de aniquilamiento en Trujillo mientras continúa utilizando a la polícia como fuerza represora que seguirá produciendo más víctimas mortales. Cabe resaltar que en esta cifra no se están considerando a los indígenas amazónicos asesinados "no oficiales" como tampoco a los ciudadanos víctimas de homofobia.
Fuente: Informe de Wilfredo Ardito Vega
A comienzos de su segundo gobierno, Alan García planteó reinstaurar la pena de muerte para delitos como violación de niños o terrorismo, en abierta violación a la prohibición expresada en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. García retrocedió debido al rechazo que generó por parte de la sociedad civil, importantes medios de comunicación, la Iglesia Católica y organismos internacionales. Sin embargo, sus expresiones en el sentido que “hay gente que no merece vivir” reflejan una grave percepción sobre los derechos humanos. A lo largo de los últimos tres años y medio, decenas de peruanos han fallecido en sucesivos incidentes.
1. Incidentes policiales por uso excesivo de la fuerza
Los casos que a continuación se reseñan reflejan un accionar policial basado en la precipitación y el recurso desproporcionado a la fuerza contra civiles desarmados. En muchos casos, los fallecidos participaban en protestas sociales. En otros, se trata de incidentes donde la policía empleó sus armas de manera totalmente innecesaria. Llama la atención la muerte de dos niños.
Ver lista de Civiles Asesinados
2. Ejecuciones extrajudiciales de Trujillo
Desde agosto del 2007, en la ciudad de Trujillo se han producido numerosas muertes de delincuentes comunes por parte del Escuadrón de Emergencias. Los voceros policiales sostienen que se trata de muertes en enfrentamientos, pero existen varios casos donde diversos testigos sostienen haber visto que se produjo la detención. En por lo menos doce casos, se asesinó a personas sin ninguna relación con actividades delictivas, fuere por una confusión o porque presenciaron las otras ejecuciones. Ellos fueron sometidos a tortura antes de morir.
Ver Algunos Casos de Civiles Asesinados según Informe de Ricardo Uceda (46 muertos)
Las ejecuciones extrajudiciales cesaron a fines del año 2008, de manera coincidente con la salida de Luis Alva Castro del Ministerio del Interior y el cese de Octavio Salazar del cargo de Director de la Policía Nacional.
Durante el año 2009, los familiares de las víctimas han recibido diversas amenazas, incluyendo el ingreso a sus domicilios. Varios de ellos han optado por salir del país. Entretanto, el comandante Elidio Espinoza, responsable de los operativos ha sido ascendido por Mercedes Cabanillas y ha colocado a varios de los involucrados en diversos puestos importantes en la Policía de Trujillo. La única Fiscal que continuó las acusaciones por estos crímenes renunció hace un mes por las amenazas recibidas.
3. Muertes en Amazonas ( 5 junio del 2009)
Luego de varias semanas de protestas de la población indígena amazónica, el gobierno decidió desalojar a los indígenas awajún y wampís que desde mediados de mayo bloqueaban parcialmente la carretera entre Chiclayo y Amazonas a la altura de la Curva del Diablo, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas. Esa acción se realizó de manera sumamente violenta, mediante el empleo de bombas lacrimógenas arrojadas desde helicópteros y disparos al cuerpo de la persona. Varios testigos señalan que el líder awajún Santiago Manuim alzó las manos para pedir que cesara el fuego, recibiendo ocho balazos. Al dársele por muerto, se desencadenó un fuerte enfrentamiento, producto del cual fallecieron quince policías.
Los muertos civiles fueron los indígenas awajún Romel Tenazoa Sánchez, Felipe Sabio César Sánchez, David Jaucito Mashigkash, Gerardo Samecash Chamik, Jesús Carlos Timías y el campesino cajamarquino Florencio Pintado Castro.
Debe señalarse que los indígenas sostuvieron que hubo muchos más muertos, pero los nombres no han sido proporcionados ni los cuerpos han sido hallados. Sí se informó de la muerte de Ebelio Petsayit, en la comunidad de Chipe, Amazonas. a consecuencia de las torturas que sufrió cuando fue detenido.
A estas muertes deben sumarse las de Porfirio Coronel Jiménez y Alejandro Salazar Huamán (Bagua Grande), Jorge Angel Pozo Chipana y Abel Ticlla Sánchez (Bagua), habitantes de ambas ciudades muertos por efectivos policiales mientras se producían disturbios. Los familiares de las dos personas muertas en Bagua Grande indican que ninguna de las víctimas tenía relación con las protestas. Indican también que el señor Coronel recibió varios disparos a quemarropa.
En la tarde de ese día, nueve policías que estaban retenidos en la Estación 6 de Petroperú fueron asesinados por indígenas awajún, aparentemente en represalia por lo ocurrido en la Curva del Diablo.
4. Incidentes relacionados con las Fuerzas Armadas
Ver Lista de Civiles Asesinados
Estos crímenes se realizaron en un contexto de extrema violencia al pretender desalojar a los campesinos del VRAE.
Conclusiones
Como se puede apreciar, el año mayor violencia fue el 2008, mientras Luis Alva Castro fue Ministro del Interior y Octavio Salazar estuvo a cargo de la Policía Nacional. El Decreto Legislativo 982, promulgado en julio del 2007, que declara la inimputabilidad de policías y militares que maten o hieran ciudadanos habría permitido los hechos de violencia que se suscitaron después, aunque debe decirse que anteriormente a este Decreto ya se habían producido 13 de las 101 muertes.
En este contexto la Coordinadora Nacional de DDHH realizó el día de ayer una vigilia contra la criminalización de la protesta social denominada "No mas muertos por defender sus derechos" y en claro rechazo a la violencia institucionalizada por el Gobierno de Alan García Perez.
Como integrante del Comité de Apoyo a la NO extradición del abogado Juan Manuel Carranza Laurente, a quién la represión política del gobierno peruano hacen objeto aun de persecución política, por haber defendido a insolventes e insurgentes en obediencia de derechos democráticos constitucionales e internacionales en vigor, manifiesto mi repudio a estos actos de genocidio que comete el gobierno aprista. Carlos Ernesto Mondada Banda.
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