diciembre, 2012
Jinre Guevara Díaz
Sostener
que la actual situación conflictiva que vive el pueblo cajamarquino se
la debemos a Santos, Saavedra y al padre Marco Arana, considero es un
reduccionismo flojo que no cautela lo que ocurre realmente en Cajamarca.
Las mencionadas personas sólo son las caras visibles, notorias, – y
también hay que decirlo – de utilización mediática, de la protesta
cajamarquina.
En
todos estos años hemos sido testigos de los serios efectos de la
contaminación minera en Cajamarca, y conversando con la gente del campo
que vive en las zonas de influencia de Conga, lo que se percibe es que
nuestros campesinos sencillamente están hartos, cansados de Yanacocha.
Se hace necesario entonces, exigir desde la opinión pública que se deje a
un lado esa torpe fijación de que gran parte del conflicto en Cajamarca
es porque Santos y “compañía” arrean las protestas, como si la
población, que sufre en carne propia los efectos de la actividad minera,
fuesen algo así como “borregos” y no tuvieran la autonomía y
sensibilidad necesaria para movilizarse y hacer escuchar sus reclamos.
Ese reduccionismo, repito, además de evidenciar menosprecio, no ayuda a
ver el problema en su dimensión verdadera.
Efectivamente,
la minería es una actividad que puede ser válida, pero como toda
actividad humana, es susceptible también de cuestionamientos y críticas,
sobre todo cuando hay razones fundadas para ello, y en ese sentido,
Yanacocha ha acumulado deméritos suficientes para merecerlas.
Es
cierto también que la explotación de los recursos naturales y sus
beneficios económicos tienen una dimensión de alcance nacional. Pero no
debemos olvidar algo que es vital: las secuelas y consecuencias de la
contaminación por la explotación de estos recursos no siguen ese mismo
razonamiento. La contaminación, la desaparición de las lagunas, los ríos
sucios, los relaves, la eliminación de fauna y flora, la muerte de
campos de cultivo, de formas de vida comunitarias y de la vida misma, se
quedan en Cajamarca; esos pasivos no se redistribuyen, no se
“comparten” con el resto del país. He ahí una razón poderosa más para
entender los reclamos.
¿De
qué vale “discursear” que los recursos de la explotación minera sirven
para hacer obras públicas, si al mismo tiempo estamos dejando sin agua,
sin ríos, sin agricultura sana a una parte importante de Cajamarquinos?
¿No es acaso irónico, por decir lo menos?.
Repito,
algo que no se ha querido difundir adecuadamente es que Cajamarca no es
que esté en contra de la actividad minera de manera absoluta.
Sencillamente, no quieren más a la Newmont en su territorio por su
pésimo accionar en los últimos 20 años. Ese desempeño deficiente, es
algo que considero también debiéramos sancionar, además de constituir un
acto de dignidad como país. Hasta
donde hemos podidos advertir, salvo mejor percepción, la población de
Cajamarca sí estaría dispuesta a aceptar otros proyectos siempre y
cuando no agredan sus fuentes y recursos vitales de agua. Con seguridad,
en el mundo existen empresas que pueden ofrecer otras alternativas
científicamente más viables y sin groseras afectaciones como las que
propone el actual proyecto Conga.
Si
por su mal accionar en estos últimos 20 años la empresa Newmont tiene
que irse, sólo sería un acto de justicia. Si eso implica pagarle una
indemnización, habría que hacerlo y trabajar la mejor negociación
posible. A cambio, habremos defendido nuestros hermosos recursos
naturales de manera responsable y sobretodo, evitaremos seguir matando a
nuestros hermanos quienes protestan con justa razón. De este modo
también, daríamos una señal de madurez y un mensaje al mundo de que las
inversiones en nuestro país son bienvenidas, pero con actuación
responsable.
No
se trata de darle gusto a uno o dos dirigentes como prejuiciosamente
opinan algunos. Pensar así no contribuye a nada. Se trata de atender los
justos reclamos de la población cajamarquina y entender sobretodo que
aquí está en juego la vida de miles de personas, campesinos, hermanos
nuestros –al menos para quienes los sentimos como hermanos- . Es
necesario entender que este tema no se simplifica en aspectos meramente
económicos o jurídicos, sino y sobretodo, constituye un tema humano, de
defensa de la vida, que es la primera ley que debemos defender.