Zenón Depaz Toledo | Opinión | Columnista
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La Primera, mar. 26 de abril del 2011
El domingo pasado, se emitió un reportaje televisivo donde estudiantes universitarios, consultados sobre cuestiones tan elementales como cuál fue el año en que se declaró la independencia del Perú; o qué significan, o al menos a qué se refieren, las siglas ONU, ONPE u ONG; se mostraban incapaces de responder.
Lo mismo ocurrió al serles mostrado un retrato del Presidente Valentín Paniagua y pedirles que reconocieran el personaje, o ante la pregunta de qué ocurrió un 5 de abril del año 1992, no obstante que la reportera se afanaba en darles otras señales que los aproximaran a las respuestas.
La ignorancia mostrada por esos estudiantes en cuanto al último de los temas mencionados, constituye toda una paradoja, pues fue precisamente lo ocurrido en esa fecha lo que ha hecho posible que ahora tengamos universitarios como aquellos, con un alarmante nivel de analfabetismo funcional.
Pudimos advertir de dónde provenían aquellos estudiantes, pues el reportaje se efectuó en la puerta de sus respectivas universidades: César Vallejo, San Ignacio de Loyola y San Martín de Porres. Todas ellas funcionan bajo el D. L. 882, creado por el régimen Fujimorista el año 1996. Dicha norma abrió la posibilidad de que hubiese universidades con explícitos fines de lucro. En un país que carecía -y, en rigor, aún carece- de instituciones reguladoras que den garantía de estándares mínimos de calidad en la oferta de Educación Superior, ello condujo a lo que ahora caracteriza a la mayor parte de instituciones universitarias del tipo 882: condujo a la estafa educativa, cuyos costos ya está pagando el país y lo seguirá haciendo por largos años, aún cuando se tomen medidas para frenar y corregir aquello.
Gobernadas, efectivamente, por la búsqueda del lucro al más breve plazo, la mayor parte de universidades de ese tipo se hallan en una fase de acumulación salvaje de capital, haciendo destrozos con la calidad académica: ninguna exigencia académica para el acceso, tal como lo muestra ese reportaje; baja o ninguna exigencia en cuanto a evaluación del aprendizaje (no sea que los clientes migren a otra “universidad” del mismo tipo,.. total las hay por decenas); baja o ninguna exigencia en cuanto a la enseñanza (para eso están los programas denominados “a distancia”); comercialización de los grados y títulos, con mecanismos que el propio régimen Fujimorista legalizó; etc. He ahí la herencia Fujimorista en la universidad. Fujimori estableció el bachillerato automático, sin exigencia de tesis. Ahora el grado de Bachiller no tiene ningún valor, salvo uno negativo, pues siendo condición para el acceso al postgrado, viene impactando negativamente en la calidad de este nivel académico, a lo cual se suman postgrados ofertados masivamente y en condiciones deleznables por universidades del tipo antes mencionados.
Mientras ese tipo de universidades eran promovidas, Fujimori intervenía militarmente las principales universidades públicas. Entretanto la inefable Keiko y sus hermanos, se iban del país a estudiar en universidades norteamericanas, con dinero mal habido. Estamos, pues, notificados en relación a cuánta importancia concede el Fujimorismo a la Universidad Peruana, institución sin cuyo concurso difícilmente podemos hablar en serio del desarrollo nacional.
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