Carlincaturas 16/04/2011
Sáb, 16/04/2011 - 05:00
miércoles, 27 de abril de 2011
Una muerto es el saldo del paro en Puno
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Una mujer identificada como María Choque Limache, de 61 años de edad, falleció por el enfrentamiento entre un grupo de protestantes y miembros de la Policía Nacional en el segundo día del paro de 48 horas en contra de las concesiones mineras, denunciaron los dirigentes.
El enfrentamiento se habría producido en el centro poblado de Yohoroco, distrito de Huacullani, provincia de Chucuito Juli, de donde también Domingo Mamani Mamani (41) habría resultado con varias heridas en el cuerpo.
Walter Aduviri Calisaya, presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales, aseguró que la muerte se produjo luego de que la policía lanzó las bombas lacrimógenas y la mujer se asfixió.
En el segundo día del paro de 48 horas, en rechazo a las concesiones mineras en territorio puneño y reclamando por el cese definitivo del proyecto minero Santa Ana, así como mostrando su postura en contra de la construcción de la central hidroeléctrica del Inambari, el presidente regional de Puno, Mauricio Rodríguez, abordó el tema de las protestas en una reunión con los dirigentes del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de la Región Puno, y consideró suspender temporalmente las concesiones mineras en toda la región.
Fuente: Diario La Primera
La herencia de Fujimori en la universidad
Zenón Depaz Toledo | Opinión | Columnista
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La Primera, mar. 26 de abril del 2011
El domingo pasado, se emitió un reportaje televisivo donde estudiantes universitarios, consultados sobre cuestiones tan elementales como cuál fue el año en que se declaró la independencia del Perú; o qué significan, o al menos a qué se refieren, las siglas ONU, ONPE u ONG; se mostraban incapaces de responder.
Lo mismo ocurrió al serles mostrado un retrato del Presidente Valentín Paniagua y pedirles que reconocieran el personaje, o ante la pregunta de qué ocurrió un 5 de abril del año 1992, no obstante que la reportera se afanaba en darles otras señales que los aproximaran a las respuestas.
La ignorancia mostrada por esos estudiantes en cuanto al último de los temas mencionados, constituye toda una paradoja, pues fue precisamente lo ocurrido en esa fecha lo que ha hecho posible que ahora tengamos universitarios como aquellos, con un alarmante nivel de analfabetismo funcional.
Pudimos advertir de dónde provenían aquellos estudiantes, pues el reportaje se efectuó en la puerta de sus respectivas universidades: César Vallejo, San Ignacio de Loyola y San Martín de Porres. Todas ellas funcionan bajo el D. L. 882, creado por el régimen Fujimorista el año 1996. Dicha norma abrió la posibilidad de que hubiese universidades con explícitos fines de lucro. En un país que carecía -y, en rigor, aún carece- de instituciones reguladoras que den garantía de estándares mínimos de calidad en la oferta de Educación Superior, ello condujo a lo que ahora caracteriza a la mayor parte de instituciones universitarias del tipo 882: condujo a la estafa educativa, cuyos costos ya está pagando el país y lo seguirá haciendo por largos años, aún cuando se tomen medidas para frenar y corregir aquello.
Gobernadas, efectivamente, por la búsqueda del lucro al más breve plazo, la mayor parte de universidades de ese tipo se hallan en una fase de acumulación salvaje de capital, haciendo destrozos con la calidad académica: ninguna exigencia académica para el acceso, tal como lo muestra ese reportaje; baja o ninguna exigencia en cuanto a evaluación del aprendizaje (no sea que los clientes migren a otra “universidad” del mismo tipo,.. total las hay por decenas); baja o ninguna exigencia en cuanto a la enseñanza (para eso están los programas denominados “a distancia”); comercialización de los grados y títulos, con mecanismos que el propio régimen Fujimorista legalizó; etc. He ahí la herencia Fujimorista en la universidad. Fujimori estableció el bachillerato automático, sin exigencia de tesis. Ahora el grado de Bachiller no tiene ningún valor, salvo uno negativo, pues siendo condición para el acceso al postgrado, viene impactando negativamente en la calidad de este nivel académico, a lo cual se suman postgrados ofertados masivamente y en condiciones deleznables por universidades del tipo antes mencionados.
Mientras ese tipo de universidades eran promovidas, Fujimori intervenía militarmente las principales universidades públicas. Entretanto la inefable Keiko y sus hermanos, se iban del país a estudiar en universidades norteamericanas, con dinero mal habido. Estamos, pues, notificados en relación a cuánta importancia concede el Fujimorismo a la Universidad Peruana, institución sin cuyo concurso difícilmente podemos hablar en serio del desarrollo nacional.
lunes, 25 de abril de 2011
Perú: Mineras obtienen 53% de sobreganancias
1. Tenemos una gran riqueza mineral, muchos proyectos marchan viento en popa, y hay decenas de proyectos más que iniciarían producción de metales en los próximos cinco años. Pero todos son proyectos privados e internacionales, por lo tanto la extracción y comercialización de los productos mineros no está en manos peruanas, sino extranjeras. Y un gran porcentaje de las ganancias se va esos países y, en el mejor de los casos, se queda en el país pero en manos de poderosas familias y grupos económicos que no representan ni al 1% de la población. Hay crecimiento, pero sólo lo disfrutan unos cuántos.
2. Las transnacionales que explotan los minerales en nuestro suelo tiene contratos que nunca han sido públicos en su totalidad, ya que la gran mayoría de ellos se suscribieron durante la dictadura de Alberto Fujimori. Estos contratos son de "estabilidad para las inversiones", es decir si no obtienen ganancias de, digamos, un 10% al año, el Estado debe compensarlos; además utilizan gasolina sunsidiada (con un precio muy, pero muy por debajo del precio de mercado). Como si esto fuera poco las grandes mineras trabajan vía services, o sea empleos de segunda categoría. Y a esto le sumamos las diversas exoneraciones de impuestos que tienen las mineras, si pagaran porcentajes más altos el Tesoro Público se vería beneficiado.
La nota es del diario La República:
Las empresas mineras logran un 53% de sobreganancias que no son compartidas con el Estado y que se explican por el precio récord que alcanzó el oro, de más de US$1,500 por onza en días previos, sostienen diversos expertos.
Pero no solo el dorado metal se suma al contexto en el que las compañías mineras en el Perú pasan por un muy buen momento. También la plata alcanzó niveles insospechados, con cifras históricas de US$ 46.67 la onza.
Falta voluntad política
Jorge Manco Zaconetti, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), afirma que las compañías que extraen oro ya tenían suficientes ganancias cuando el precio estaba en US$ 700 por onza.
“En el 2001, la minera Barrick tenía un costo de producción de US$ 50 la onza y la de Yanacocha era de US$ 90 a US$ 100 la onza. Si al incrementarse los precios suben los costos, pero con un precio de US$ 1,500 la onza, hay un 53% de exceso en sus ganancias, que se traducen en US$ 800 por onza”, afirmó.
El experto consideró necesario que el nuevo gobierno tenga la voluntad política de sentarse con las mineras y buscar un consenso con el objetivo de que se aplique un impuesto a estas sobreganancias.
“Existe cada vez un mayoritario consenso público sobre la necesidad de una creciente participación del Estado en la riqueza minera. Las compañías que explotan recursos naturales no renovables están obteniendo desde el año 2004 utilidades extraordinarias que no están siendo compartidas con el Estado, que según mandato constitucional es el titular de los recursos naturales en nombre de la Nación”, afirmó.
Candidatos deben tocar el tema
El ex ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi consideró muy importante que en lo que resta de la campaña presidencial los candidatos deberían tratar el impuesto a las sobreganancias mineras.
Y es que, según indicó, el país actualmente no está recibiendo la compensación que se merece, por parte de las mineras, por la explotación de los recursos naturales no renovables.
Herrera proyectó que la tendencia es que los precios de los metales en el extranjero sigan estables.
El Dato
Inversiones. José De Echave, experto en temas mineros, dijo que de haberse aplicado un impuesto de 10% se hubiera triplicado el monto del óbolo minero, que llega a S/. 1,776 millones desde enero del 2007 a enero del 2011. Aclaró que el nuevo impuesto no ahuyentará las inversiones en el sector minero.
Países que aplican el modelo
El ejemplo de países mineros del primer mundo como Chile busca captar más de US$ 1,200 millones anuales por concepto del impuesto extraordinario a la minería.
Si bien el año pasado los lobbies en Australia derrotaron la propuesta del secretario del Tesoro, Kevin Rudd, de promulgar un impuesto extraordinario a las sobreganancias con una tasa del 40%, el tema podría ponerse en cualquier momento en debate ya que se estima que el Estado dejará de recaudar US$ 60 mil millones en los próximos diez años.
Fuente:
La República
viernes, 22 de abril de 2011
Fujimorismo: Privatización fue remate de las empresas
Mafia malbarateó empresas nacionales en beneficio propio. Tras diez años de gobierno fujimorista se había vendido gran parte del patrimonio nacional, pero en las arcas del Estado solo quedaban $ 223 mlls. Infografía
Rocío Maldonado.
El proceso de privatizaciones constituye otro capítulo nefasto del decenio fujimorista y que pone en evidencia los manejos oscuros de los recursos del Estado. Sin transparencia, criterio técnico y pasando por alto el interés nacional, las empresas públicas fueron rematadas y no siempre al mejor postor.
Entre 1990 y 2000 se ejecutaron 228 operaciones de venta, concesión o liquidación de empresas públicas, lo que generó un monto de US$ 9.221. Sin embargo, de esta cantidad solo ingresaron al Tesoro Público US$ 6,445. La diferencia de US$ 2.700 millones se destinó al pago de consultoras, bancos de inversión y a sanear las cuentas de las compañías privatizadas (el Estado asumió todas sus deudas antes de venderlas).
El dinero que finalmente ingresó a las arcas del Estado se utilizó en menor porcentaje para los fines previstos y por el contrario se gastó en compras de armas, pagar la deuda externa, cubrir el déficit fiscal, y a financiar la re-reelección de Alberto Fujimori.
“El decreto legislativo 674 establecía que el dinero de las privatizaciones se debía invertir en salud, educación, infraestructura vial, seguridad, erradicación de la pobreza y pacificación. Eso no se cumplió”, sostiene el ex legislador Javier Diez Canseco, presidente de la Comisión que investigó los delitos financieros durante el régimen fujimorista.
A precio de regalo
Diez Canseco refiere que no se manejaron valorizaciones previas adecuadas, por lo cual se subvaloró el precio de las empresas a ser privatizadas. Menciona el caso de la compañía envasadora Solgás, de la cual se vendieron el 84% de sus acciones a US$ 7.5 millones en 1992 cuando un año antes había tenido utilidades de US$ 2.9 millones.
“Era absurdo vender. El operador que compró recuperó su inversión en 3 años y en 1996 vendió el 60% de sus acciones en US$ 39 millones. Se reveló una evidente subvaluación”, señaló.
Otro caso escandaloso de subvaluación fue el de la refinería La Pampilla. En 1996 el Estado vendió el 75% de las acciones de la mayor refinería del país en $180 millones, cuando en 1994 la empresa había generado ingresos por $657 millones y utilidades operativas de $ 85 millones.
Un análisis del proceso privatizador revela también que muchos operadores no cumplieron con los planes de inversión. Por ejemplo, Shougan se comprometió a invertir US$ 150 millones en Hierro Perú durante el periodo 92-95, pero no lo hizo y reprogramó su inversión hasta 1999. Finalmente, la empresa incumplió el compromiso y resolvió el problema con una penalidad de US$ 12 millones. El contrato no establecía mayor sanción.
Aeroperú
La venta de la compañía aérea reveló el uso de información privilegiada de personajes vinculados al gobierno. Roberto Abusada, asesor del entonces ministro de Economía Jorge Camet, fue a la vez representante del consorcio mexicano que ganó la buena pro.
“Estos casos revelan la desnaturalización del proceso privatizador en beneficio de una cúpula mafiosa”, concluye Diez Canseco.
Despidos masivos y monopolios
Entre los objetivos de la privatización figuraba aumentar y mejorar la calidad del empleo. Sin embargo, hacia 1999 habían sido cesados 120 mil trabajadores de empresas públicas. Los nuevos operadores solo reabsorbieron el 36%, bajo condiciones de precarización.
El caso de la Compañía Peruana de Teléfonos (CTP) y ENTEL es elocuente, pues antes de su venta tenían en conjunto 12.094 trabajadores. La masa laboral se redujo a 3.823 trabajadores cuando Telefónica la compró. Sin embargo, los trabajadores de empresas filiales de la transnacional suman ahora 15 mil en condiciones laborales de tercerización, sin ningún derecho de un trabajador formal.
Tampoco se cumplió con propiciar la libre competencia en los servicios públicos. Nuevamente se puede citar el caso de Telefónica, que tuvo el control absoluto del mercado por años. También se puede mencionar a las empresas eléctricas Edelnor y Luz del Sur. Ambas se han dividido el servicio eléctrico en la capital y hasta la actualidad los usuarios no tienen posibilidad de cambiar de operador si así lo desean.
Rocío Maldonado.
El proceso de privatizaciones constituye otro capítulo nefasto del decenio fujimorista y que pone en evidencia los manejos oscuros de los recursos del Estado. Sin transparencia, criterio técnico y pasando por alto el interés nacional, las empresas públicas fueron rematadas y no siempre al mejor postor.
Entre 1990 y 2000 se ejecutaron 228 operaciones de venta, concesión o liquidación de empresas públicas, lo que generó un monto de US$ 9.221. Sin embargo, de esta cantidad solo ingresaron al Tesoro Público US$ 6,445. La diferencia de US$ 2.700 millones se destinó al pago de consultoras, bancos de inversión y a sanear las cuentas de las compañías privatizadas (el Estado asumió todas sus deudas antes de venderlas).
El dinero que finalmente ingresó a las arcas del Estado se utilizó en menor porcentaje para los fines previstos y por el contrario se gastó en compras de armas, pagar la deuda externa, cubrir el déficit fiscal, y a financiar la re-reelección de Alberto Fujimori.
“El decreto legislativo 674 establecía que el dinero de las privatizaciones se debía invertir en salud, educación, infraestructura vial, seguridad, erradicación de la pobreza y pacificación. Eso no se cumplió”, sostiene el ex legislador Javier Diez Canseco, presidente de la Comisión que investigó los delitos financieros durante el régimen fujimorista.
A precio de regalo
Diez Canseco refiere que no se manejaron valorizaciones previas adecuadas, por lo cual se subvaloró el precio de las empresas a ser privatizadas. Menciona el caso de la compañía envasadora Solgás, de la cual se vendieron el 84% de sus acciones a US$ 7.5 millones en 1992 cuando un año antes había tenido utilidades de US$ 2.9 millones.
“Era absurdo vender. El operador que compró recuperó su inversión en 3 años y en 1996 vendió el 60% de sus acciones en US$ 39 millones. Se reveló una evidente subvaluación”, señaló.
Otro caso escandaloso de subvaluación fue el de la refinería La Pampilla. En 1996 el Estado vendió el 75% de las acciones de la mayor refinería del país en $180 millones, cuando en 1994 la empresa había generado ingresos por $657 millones y utilidades operativas de $ 85 millones.
Un análisis del proceso privatizador revela también que muchos operadores no cumplieron con los planes de inversión. Por ejemplo, Shougan se comprometió a invertir US$ 150 millones en Hierro Perú durante el periodo 92-95, pero no lo hizo y reprogramó su inversión hasta 1999. Finalmente, la empresa incumplió el compromiso y resolvió el problema con una penalidad de US$ 12 millones. El contrato no establecía mayor sanción.
Aeroperú
La venta de la compañía aérea reveló el uso de información privilegiada de personajes vinculados al gobierno. Roberto Abusada, asesor del entonces ministro de Economía Jorge Camet, fue a la vez representante del consorcio mexicano que ganó la buena pro.
“Estos casos revelan la desnaturalización del proceso privatizador en beneficio de una cúpula mafiosa”, concluye Diez Canseco.
Despidos masivos y monopolios
Entre los objetivos de la privatización figuraba aumentar y mejorar la calidad del empleo. Sin embargo, hacia 1999 habían sido cesados 120 mil trabajadores de empresas públicas. Los nuevos operadores solo reabsorbieron el 36%, bajo condiciones de precarización.
El caso de la Compañía Peruana de Teléfonos (CTP) y ENTEL es elocuente, pues antes de su venta tenían en conjunto 12.094 trabajadores. La masa laboral se redujo a 3.823 trabajadores cuando Telefónica la compró. Sin embargo, los trabajadores de empresas filiales de la transnacional suman ahora 15 mil en condiciones laborales de tercerización, sin ningún derecho de un trabajador formal.
Tampoco se cumplió con propiciar la libre competencia en los servicios públicos. Nuevamente se puede citar el caso de Telefónica, que tuvo el control absoluto del mercado por años. También se puede mencionar a las empresas eléctricas Edelnor y Luz del Sur. Ambas se han dividido el servicio eléctrico en la capital y hasta la actualidad los usuarios no tienen posibilidad de cambiar de operador si así lo desean.
Fuente: Diario La República
Esterilizadas a cambio de arroz
FUENTE : http://www.publico.es/internacional/372318/esterilizadas-a-cambio-de-arroz
Las víctimas del programa de esterilización forzada que el FMI exigió al expresidente Fujimori piden justicia en los tribunales peruanos
Tenía 30 años cuando me hicieron la operación y desde entonces soy casi inútil en el campo", asegura Cléofl Neira, de 50 años, desde la puerta de su casa de adobe. En Yanguila, un pueblo de unos cien habitantes cerca de la ciudad de Huancabamba, en el norte del Perú, más de 15 mujeres sufrieron la misma operación de ligadura de trompas. La mayoría de estas campesinas se quedaron inválidas y con problemas dolorosos de salud. Hoy siguen reclamando justicia ante las autoridades y han llevado el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otras vías judiciales están en estudio para obligar al Estado a indemnizar a las víctimas.
"No quería someterme a esta operación, pero no sabía que ya no podría nunca más tener hijos, no me lo dijeron. Ellos venían con promesas de comida, de medicamentos pero no vimos nada, sólo los dolores", explica Cléofl, madre de siete hijos que tuvo antes de la operación.
"Ellos" son los emisarios del Ministerio de la Salud del Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) que fueron enviados a la sierra de los Andes entre 1995 y 2000 para cumplir los órdenes de las autoridades: reducir la tasa de natalidad en el campo como lo había reclamado el FMI. El Banco Mundial entregó fondos para ayudar a aplicar el programa de planificación familiar que consistía en la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria. Más aún, Estados Unidos, a través de US Aid, financió el proyecto de Fujimori, el cual tenía las manos libres para actuar, disfrutando de una cómoda reelección en 1995.
"De voluntaria no tenía nada. La gran mayoría fueron forzadas o engañadas a cambio de unos kilos de arroz o de azúcar", asegura Josefa, una militante de defensas de derechos de mujeres. En todo Perú, se calcula que unas 300.000 mujeres fueron víctimas de la esterilización forzada. Todas eran campesinas, indígenas, pobres y analfabetas o con muy poca educación.
"Cada día, una enfermera de fuera venía a vernos para convencernos de operarnos y nos decía que no podíamos seguir pariendo como cuyes [conejillos de indias], era muy ofensivo lo que nos decía y al final fuimos un grupo de cinco mujeres, todo pagado, el trayecto y la comida hasta Huancabamba", cuenta Cléofl.
"No quería someterme a esta operación, pero no sabía que ya no podría nunca más tener hijos, no me lo dijeron. Ellos venían con promesas de comida, de medicamentos pero no vimos nada, sólo los dolores", explica Cléofl, madre de siete hijos que tuvo antes de la operación.
"Ellos" son los emisarios del Ministerio de la Salud del Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) que fueron enviados a la sierra de los Andes entre 1995 y 2000 para cumplir los órdenes de las autoridades: reducir la tasa de natalidad en el campo como lo había reclamado el FMI. El Banco Mundial entregó fondos para ayudar a aplicar el programa de planificación familiar que consistía en la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria. Más aún, Estados Unidos, a través de US Aid, financió el proyecto de Fujimori, el cual tenía las manos libres para actuar, disfrutando de una cómoda reelección en 1995.
"De voluntaria no tenía nada. La gran mayoría fueron forzadas o engañadas a cambio de unos kilos de arroz o de azúcar", asegura Josefa, una militante de defensas de derechos de mujeres. En todo Perú, se calcula que unas 300.000 mujeres fueron víctimas de la esterilización forzada. Todas eran campesinas, indígenas, pobres y analfabetas o con muy poca educación.
"Cada día, una enfermera de fuera venía a vernos para convencernos de operarnos y nos decía que no podíamos seguir pariendo como cuyes [conejillos de indias], era muy ofensivo lo que nos decía y al final fuimos un grupo de cinco mujeres, todo pagado, el trayecto y la comida hasta Huancabamba", cuenta Cléofl.
"Fui al hospital por un dolor de espalda y me esterilizaron", explica Bacilia Herrera
Hoy en día, ninguno de los médicos o enfermeros que practicaron las operaciones sigue trabajando en el hospital de Huancabamba. "Desaparecieron cuando empezamos a hacer la investigación. El Gobierno los llevó a Lima y algunos fueron destituidos", comenta Josefa. En 1996, salieron a la luz los primeros testimonios de las mujeres que fueron operadas. Organizaciones como el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), bajo la responsabilidad de Giulia Tamayo, juntaron informaciones y presentaron denuncias.
Luchar contra este crimen
"Un día fui al hospital y vi cómo había unas 20 mujeres tumbadas en el piso en un charco de sangre, todas recién operadas. En ese momento empezó la lucha para parar este crimen", cuenta Josefa.
"Si gana Keiko Fujimori contra Humala, vamos a caer en el olvido", teme Cléofl Neira
Vestida con su tradicional sombrero de paja, Bacilia Herrera se acuerda como si fuera ayer de su operación. "Fui al hospital porque tenía un dolor en la espalda y de repente me pusieron en una camilla y me dieron inyecciones. Al día siguiente estaba operada", cuenta Bacilia, madre de cinco hijos, un número bajo en la sierra, donde las mujeres llegan a tener entre siete y diez hijos.
Junto a su padre y su marido intentó denunciar el caso, pero ni la alcaldía ni los responsables tomaron en cuenta su testimonio. "Me hicieron firmar un papel que era la autorización de esterilización, pero no lo pude leer. Hoy, me arrepiento de haber firmado", concluye.
En su drama, Bacilia tuvo la suerte de ser operada por el doctor Jesús, hoy fallecido. No fue el caso de la mayoría de las mujeres, que pasaron por las manos de practicantes de enfermería, los cuales tenían metas que cumplir. "Se descubrió luego, al interrogar a médicos, que les pagaban un porcentaje por cada mujer esterilizada", asegura Josefa.
Unas 18 campesinas perdieron la vida a raíz de las operaciones. Muchas se quedaron con secuelas de por vida. "La operación era muy rápida y el día después nos dieron una sopita y fuera a la calle; muchas volvimos a trabajar a la chacra [granja] como si nada, pero después ya no podíamos movernos", cuenta Cléofl. Ella es una de las más afectada de Yanguila. Siete meses después de su operación, fue ingresada de urgencia en el hospital por padecer dolores intensos. Los médicos habían olvidado un hilo de seis centímetros en su vientre.
"Ahora siempre tengo ardor en la cintura, no puedo cargar leña", confiesa mostrando la cicatriz que le dejaron, que se asemeja a otro ombligo. Como la gran mayoría de las mujeres operadas, ya no puede mantener relaciones sexuales con su marido. "Tengo suerte, mi esposo no me rechazó", explica. Muchos hogares quedaron destruidos tras las operaciones, ya que los maridos dejaron a sus mujeres, consideras como inútiles para la casa.
Tras la gestión de varias comisiones de Derechos Humanos en el Congreso, las investigaciones sobre esterilizaciones forzadas en la época de Fujimori se encuentran en la Fiscalía de la Nación y avanzan lentamente, aduciendo falta de recursos. La ONG peruana Manuela Ramos presentó junto con CLADEM el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las víctimas esperan todavía alguna indemnización, pero su suerte depende ahora de quién ganará las elecciones presidenciales en la segunda vuelta del 5 de junio.
"Si gana la Keiko [la hija de Fujimori] contra Ollanta Humala, ya no podremos esperar justicia; caeremos en el olvido para siempre", asegura Cléofl Neira con angustia.
Junto a su padre y su marido intentó denunciar el caso, pero ni la alcaldía ni los responsables tomaron en cuenta su testimonio. "Me hicieron firmar un papel que era la autorización de esterilización, pero no lo pude leer. Hoy, me arrepiento de haber firmado", concluye.
En su drama, Bacilia tuvo la suerte de ser operada por el doctor Jesús, hoy fallecido. No fue el caso de la mayoría de las mujeres, que pasaron por las manos de practicantes de enfermería, los cuales tenían metas que cumplir. "Se descubrió luego, al interrogar a médicos, que les pagaban un porcentaje por cada mujer esterilizada", asegura Josefa.
Unas 18 campesinas perdieron la vida a raíz de las operaciones. Muchas se quedaron con secuelas de por vida. "La operación era muy rápida y el día después nos dieron una sopita y fuera a la calle; muchas volvimos a trabajar a la chacra [granja] como si nada, pero después ya no podíamos movernos", cuenta Cléofl. Ella es una de las más afectada de Yanguila. Siete meses después de su operación, fue ingresada de urgencia en el hospital por padecer dolores intensos. Los médicos habían olvidado un hilo de seis centímetros en su vientre.
"Ahora siempre tengo ardor en la cintura, no puedo cargar leña", confiesa mostrando la cicatriz que le dejaron, que se asemeja a otro ombligo. Como la gran mayoría de las mujeres operadas, ya no puede mantener relaciones sexuales con su marido. "Tengo suerte, mi esposo no me rechazó", explica. Muchos hogares quedaron destruidos tras las operaciones, ya que los maridos dejaron a sus mujeres, consideras como inútiles para la casa.
Tras la gestión de varias comisiones de Derechos Humanos en el Congreso, las investigaciones sobre esterilizaciones forzadas en la época de Fujimori se encuentran en la Fiscalía de la Nación y avanzan lentamente, aduciendo falta de recursos. La ONG peruana Manuela Ramos presentó junto con CLADEM el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las víctimas esperan todavía alguna indemnización, pero su suerte depende ahora de quién ganará las elecciones presidenciales en la segunda vuelta del 5 de junio.
"Si gana la Keiko [la hija de Fujimori] contra Ollanta Humala, ya no podremos esperar justicia; caeremos en el olvido para siempre", asegura Cléofl Neira con angustia.
“El doctor San Martín tendrá que responder por varias cosas en su momento”
“El doctor San Martín tendrá que responder
por varias cosas en su momento”
Declaraciones de Martha Chávez
Congresista electa por el partido de Keiko
Congresista electa por el partido de Keiko
Por: Jinre
Ante la amenaza expresada por parte de la virtual congresista fujimorista Martha Chávez contra el doctor César San Martin, actual presidente del Poder Judicial y uno de los más notables jueces con que cuenta la justicia peruana, la Sra. Keiko Fujimori no ha dicho ni una sóla palabra.
Sumadas a estas declaraciones, la Sra. Chávez pretende imponer su arbitraria posición señalado que los estudiantes asesinados e incinerados cruelmente por parte del Grupo de Aniquilamiento Colina eran terroristas, de este modo desnuda una vez más su frívola posición de que las “ejecuciones extrajudiciales”, como las perpetradas por el Grupo Colina, tendrían justificación. Martha Chávez -quien además es abogada- nuevamente apela a esta calumnia, agregando la idea de que los padres de familia que lucharon más de 17 años para encontrar justicia por el cruel asesinato de sus hijos, tendrían también responsabilidad por no saber lo que sus hijos hacían.
Luego de 10 años de un silencio casi sumiso desde que el dictador y ahora asesino mediático Alberto Fujimori huyera y renunciara vergonsozamente vía fax a la presidencia del Perú desde el Japón, la virtual congresista electa por el partido de Keiko Fujimori vuelva cargada de una soberbia e insensibilidad propia de los espíritus fascistas, pretendiendo justificar lo injustificable como un anuncio de lo que podría ser nuevamente su conducta en el Congreso junto a los demás fujimoristas en un eventual gobierno.
Es nuestro sentir que la destacada trayectoria y elevada capacidad moral que podemos identificar en algunos de nuestros jueces del poder judicial, deberían merecer la consideración de nuesta sociedad y con ello, constituirse en alguna media en referentes que refuercen la confianza y esperanza en nuestras instituciones y sobretodo en la tan desprestigiada justicia peruana.
Considero que no es posible guardar silencio ni ser contemplativos ante actitudes como las de la Sra. Martha Chávez, que por un lado pretenden con prepotencia y absoluto subjetivismo, desprestigiar uno de los escasos y más respetados profesionales de leyes con que cuenta nuestro país, pero sobretodo, deplorar la posición de absoluto desprecio por la vida e irrespeto por el dolor de los familiares de los estudiantes, compatriotas, paisanos nuestros, que fueron víctimas de un gobierno que avaló el asesinato y la tortura como parte de una política institucionalizada.
Con expresiones como las de la Sra. Chávez, no queremos imaginar lo que podría ocurrir nuevamente con el Poder Judicial ante un eventual triunfo de Keiko Fujimori. Hemos sido testigos presenciales y la memoria colectiva aún está fresca como para olvidar todo el copamiento, corrupción y las aberraciones jurídicas con que actuaron en la interpretación de las leyes los miembros del Poder Judicial en la década gobernada por los fujimoristas, la mayoría de los cuales acompañan hoy nuevamente a la Sra. Keiko Fujimori.
El doctor César San Martín, junto a otros jueces que estamos seguro existen, es poseedor de una destacada conducta profesional y merecedor de la admiración de muchos entendidos en esta materia, no es posible entonces que por el ejercicio de sus funciones ajustadas a ley, y por el sólo hecho de que sus sentencias no gusten a determinados militantes fujimoristas, se pretenda menoscarbar y manchar su calidad y trayectoria profesional, la que debería ser motivo de orgullo y ejemplo para la justicia peruana; no es un secreto para nadie que el desempeño del Dr. César San Martín ha merecido los más elevados calificativos por su profesionalismo tanto a nivel nacional como internacional.
En un medio como el nuestro, donde casi nos hemos acostubrado a ver jueces recibiendo coimas, liberar corruptos, sucumbir a interéses particulares y prevendas, es justo que los jueces de valía merezcan nuestro reconocimiento público y se constituyan en alguna medida en ejemplo para los jóvenes de nuestra patria que aspiran abrazar la carrera de leyes; resulta por demás penoso y despreciable pretender manchar la hoja de vida de un profesional que evidencia elevada capacidad académica y moral, máxime, cuando estos son escasos lamentablemente.
No olvidemos que el mismo Dr. César Nakazaki, abogado defensor de Alberto Fujimori – papá de Kieko - reconoció personalmente y de viva voz antes del inicio del juicio seguido contra Alberto Fujimori, que el doctor César San Martín era uno de los Jueces con mayor capacidad y calidad profesional con que contaba la justicia peruana, y al colegiado que presidió el juicio en su conjunto, como el mejor equipo de jueces existente que uno podría desear. No permitamos entonces ahora que se de paso a estas mezquindades y opiniones que expresan un asqueroso desprecio por la vida.
Fuente: http://jinre.lamula.pe/
"UN PAÍS SIN MEMORIA ESTA CONDENADO A REPETIR LA HISTORIA OTRA VEZ"
"UN PAÍS SIN MEMORIA ESTA CONDENADO A REPETIR LA HISTORIA OTRA VEZ"
USTEDES CREEN QUE DESPUES DE VER ESTO, SEA MOTIVO DE SONREIR COMO LO HACE TODOS LOS DIAS ANTE CAMARAS KEIKO SOFIA FUJIMORI...
Después de más de Diez años en el poder, abusando, asesinando y saqueando nuestro país, vamos a premiar a esta señora llamada Keiko, a su hermano kenji y a su t
tío Santiago, todos del clan Fujimori, para que gobiernen nuevamente nuestro país y, de tras de ellos, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, haciéndonos de cholitos nuevamente?. ¿Lo vamos a permitir?...
Queda en ti querido amigo o amiga demostrar que nosostros los peruanos tenemos dignidad y que no olvidamos las grandes afrentas que le hicieron a nuestra patria.
En honor y homenaje por aquellos estudiantes y profesores asesinados, por aquellos inocentes de barrios altos que fueron masacrados, por todas aquellos peruanos que fueron mutilados al interior de nuestro país, y, para demostrarle a los Fujimori que no hemos olvidado la renuncia de Alberto Kenya, por fax y, su postulación al senado japonés, es que te invito a reflexionar unos instantes sobre lo que queremos para nuestro país.
Esta señora que dice amar al Perú, ha estudiado en el extranjero con dinero del Estado, es de descendencia japonesa, se ha casado con un norteamericano, estaba a punto de sacar su residencia norteamericana, su hermana Sachi se ha casado con un Italiano, ha recibido dinero del narcotráfico. Uds, creen que pueda querer un poquito a nuestro país?. Preguntémonos: ¿Cual ha sido su labor en el Congreso? ¿Qué ley de trascendencia ha propuesto en beneficio de los que menos tienen? Ninguna. Averiguen cuál es su record de asistencia al Congreso, se van a dar con la sorpresa que esta señora se la ha pasado casi todo el tiempo viajando con plata del Congreso al interior del país, haciendo proselitismo político; y gran parte de las legislaturas, de licencia, ya que salió embarazada y dio a luz a sus dos hoy hijitas que las utiliza para hacernos creer que es una buena madre, cuando lo cierto es que si no fue una buena hija, cómo va a ser una buena madre, sino preguntémosle a Susana Hujuchi.
Queda en ti hacer algo para que la historia no se vuelva a repetir.
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