martes, 18 de enero de 2011

Amenazan a la prensa con pretexto del ‘chuponeo’

Comisión de Justicia del Congreso analizará dos proyectos sobre interceptación telefónica. Walter Menchola propone fuertes multas para los medios que difundan ‘chuponeos’. Javier Bedoya pide hasta 5 años de cárcel para los que propalen comunicaciones privadas.
A la Comisión de Justicia del Congreso ingresaron hace 12 días dos proyectos que buscan modificar el artículo 162 del Código Penal, referido a la interceptación telefónica. Lo preocupante es que, bajo el pretexto de endurecer las penas a los ‘chuponeadores’, esas propuestas intentan establecer sanciones y fuertes multas contra los medios que difundan informaciones obtenidas de manera ilegal, lo cual puede convertirse en amenazas contra la libertad de prensa, alertaron algunos congresistas y hombres de leyes.
En uno de los proyectos, presentado por Javier Bedoya de Vivanco, de Unidad Nacional, se incluye en la comisión del delito “a quien difunda una comunicación privada” y se señala que tendrá una pena de cárcel de hasta cuatro años.
En el otro, promovido por Walter Menchola, de Alianza Nacional, no se contemplan penas de cárcel para los que difundan la comunicación privada, pero sí multas entre 180 mil y 360 mil soles, y hasta decomisos de equipos y revocación temporal de la concesión y autorización de las señales de transmisión.
“Esto es un inaceptable intento de mordaza contra la prensa. No se le puede prohibir a un medio que difunda un video o un audio que revela un delito o un acto de corrupción por más que haya sido obtenido ilícitamente”, indicó el legislador Daniel Abugattas tras señalar que los humalistas se iban a oponer a tales propuestas.
El parlamentario aprista José Vargas también se mostró contrario a poner penas privativas de la libertad y multas a quien difunda información de interés público que haya sido obtenida ilícitamente.
“El quid del asunto es establecer cuál es el criterio para determinar qué cosa es de interés público, eso es lo que se debe discutir”, manifestó Vargas.
El abogado Samuel Abad también mostró su preocupación de que se quiera establecer sanciones penales y administrativas cuando un periodista divulgue una información fruto del ‘chuponeo’. “En estos casos se requiere un autocontrol del medio de comunicación, pero tipificar como delito la difusión no es la mejor salida, es un riesgo contra la libertad de prensa”, expresó.
Para el abogado Jorge Avendaño, hay que endurecer las penas contra los ‘chuponeadores’ y también sancionar a los que difundan comunicaciones privadas, excepto cuando estas tienen como fin la defensa del bien común.
Sin embargo, la propuesta de Bedoya, que tiene el respaldo de congresistas de Acción Popular (Víctor Andrés García Belaunde) y del Apra (Mauricio Mulder), y la de Menchola, que solo tiene las firmas de AN, no tendrían mayor suerte en la Comisión de Justicia y podrían terminar archivándose, ya que anteriormente proyectos sobre el mismo tema ya fueron discutidos.
Rolando Sousa, presidente de la Comisión de Justicia, informó que los dos proyectos ya no serían analizados porque el tema de la penalización de la difusión de información interceptada ya fue rechazada y no vale la pena insistir con eso.
DEL CONSULTOR
Lo público y lo privado
El problema con los audios o videos que se obtuvieron ilegalmente es que fueron un poco santificados porque fue gracias a ellos que se trajo abajo el régimen de Alberto Fujimori. Entonces sería complicado empezar a distinguir entre audios o videos propalables y no propalables.
Entiendo que en el Código Civil hay normas que protegen la privacidad de las personas salvo cuando se trata de personas públicas o que ejercen función pública, como ocurrió con el caso de los “petroaudios”.
No sé si se necesitan nuevas normas de protección a la privacidad porque las que hay no han funcionado por las razones históricas: a nadie se le ocurrió objetar la difusión de esos audios videos que tumbaron a Fujimori, pues el contenido de esos videos eran de interés nacional.
No estoy haciendo un juicio sino haciendo una explicación de por qué estamos donde estamos. Tratar de fijar una posición de tipo normativo, no positivo, implicaría un análisis más amplio.
JOSÉ LUIS SARDÓN. ABOGADO
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