Humor politico

Compartimos este simple pero interesante articulo sobre los tan reclamados impuestos a las sobreganancias. Sabido es que los contratos de explotación minera se firmaron cuando el valor de los metales se encontraba a un precio determinado, pero años después este subió, con lo cual la rentabilidad de estas empresas también se incrementó. Por ello, la rentabilidad y no sólo la utilidad, debería ser merecedora de un “impuesto a las sobreganancias” tal cual lo aplican países como Chile o Israel. Sólo para precisarles que el denominado “TIR”, (Tasa Interna de Retorno), no es otra cosa que un indicador que mide la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. De esto depende si una empresa decide invertir o no en un proyecto… Saludos. JINRE.

La República

Sobreganancias mineras y argumentos vulgares

Sobreganancias mineras y argumentos vulgares

Mié, 19/01/2011 - 05:00

Por Humberto Campodónico

Uno de los argumentos más comunes contra el impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras debido dice más o menos lo siguiente: como el Estado pone un impuesto a la renta (IR) de 30% a las empresas, entonces, si el monto de las ganancias aumenta, lo mismo sucederá con el IR que recauda el fisco. Por tanto, el país sí participa de las sobreganancias.

Veamos un ejemplo numérico. Supongamos que el cobre está a US1.00/libra de cobre, que es el precio que había en el año 2000 y que era la base para establecer si una empresa minera llevaba adelante –o no– sus inversiones en una mina X ubicada en el país Y. En ese caso, si la utilidad imponible era de US$ 1,000 millones, el Estado cobraría US$ 300 millones IR y la empresa tendrá una Utilidad Neta de US$ 700 millones.

Agreguemos que la tasa interna de retorno  (TIR)  de la inversión, al precio de un (1) dólar la libra, estaba entre 15 y 16% para toda la vida útil de la mina, lo cual fue aprobado con aplausos por el directorio de la empresa, ya que superaba largamente la rentabilidad de los bonos del Tesoro y de los ahorros bancarios.

La cuestión es que en los siguientes años los precios estuvieron cerca de US$ 3/libra (debido a factores que nada tienen que ver con la empresa minera como, por ejemplo, el crecimiento de China), lo cual hizo que la utilidad imponible suba a US$ 3,000 millones. En este caso, el IR se triplicará hasta US$ 900 millones, mientras que lo mismo sucederá con la utilidad de la empresa, que subirá hasta US$ 2,100 millones.

Para los neoliberales defensores de la empresa minera, los US$ 900 millones que ahora recauda el Estado son su participación en la sobreganancia. No plantean un impuesto a la sobreganancia incluso si ésta se obtiene de un recurso natural no renovable (que pertenece a todos los peruanos) como las reservas de cobre de la mina X.

La cuestión central, que los neoliberales obvian, es que la TIR de la empresa ya no va a ser la “aplaudida” 14%, sino que va a subir a  20 o 22% (como ha sucedido con Antamina –y eso que todavía le faltan un montón de años de vida útil, por lo que la TIR seguirá aumentando).

Con esta nueva TIR los empresarios mineros se pararán de cabeza y harán mil piruetas. Pero, sobre todo, le agradecerán al gobierno peruano de turno el hecho de que ni siquiera les plantee el impuesto a las sobreganancias (como sí lo exigen Israel y Chile) porque se contenta con un miserable óbolo, que ni siquiera es recaudado por la Sunat, pues la empresa es la que decide lo que se hace con ese dinero.

El tema de fondo es que la empresa no tiene ningún derecho de llevarse US$ 1,400 millones  (2,100 – 700) como Utilidad Neta, pues deben ser compartidos entre el Estado y la empresa, en una proporción a ser discutida en una negociación entre las partes. La recaudación tributaria sería no menor a US$ 2,000 millones anuales, cerca del 1% del PBI. Extraordinario.

Esa negociación debiera darse con las empresas que ya han invertido en el país, aun si tienen contratos de estabilidad tributaria. Seguramente las empresas comprenderán que esas sobreganancias deben compartirse. La cosa cambia con las empresas que recién llegan: aquí de todas maneras debe modernizarse la ley existente para que este nuevo juego comience con nuevas reglas, las mismas que deben incluir algún tipo de participación del Estado en las sobreganancias. ¿No es cierto?

Para terminar, algunos dicen que si esto es así, entonces el Estado debiera dejar de cobrar impuestos cuando los precios bajan. Nos parece bien. Si el precio se pone por debajo de 1 dólar la libra de cobre, entonces se puede plantear que baje la tasa del Impuesto a la Renta. Hasta que eso no suceda, se debe aplicar, sí o sí, el impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras. Los recursos naturales del Siglo XIX deben servir para financiar nuestro Siglo XXI.

Fuente:  Diario la Republica.

Este tráfico depredador

Altera el sistema nervioso, promueve agresividad, afecta la economía, basta con observar la innumerable cantidad de horas productivas de trabajo que se pierden y la sobre combustión desperdiciandocombustible, consumiéndolo en exceso y lo peor de todo es que se quema de manera inmisericorde en nuestra atmósfera. Sólo esto ya afecta la calidad de vida del ciudadano. En Lima existe aproximadamente una tasa de motorización de 111 vehículos por cada 1,000 habitantes, comparada con otras ciudades grandes de LatinoAmérica no es muy elevada. Uno de los problemas detectados que generan la gran congestión de tráfico en Limaes la enorme cantidad de viajes que se realizan en el transporte urbano público masivo y los taxis, acción donde el taxista sale en busca del pasajero recorriendo distancias y quemando combustible con el vehículo vacío. El crónico y espectacular incumplimiento de las normas de tránsito, escasa fiscalización técnica y policial y la poca que existe orientada fundamentalmente a la presentación de documentos y no a la sanción efectiva cuando se viola el reglamento por conducción incorrecta. Si hiciéramos una campaña piloto para demostrar su eficiencia, por ejemplo, en hacer que todos los micros, coaster, ómnibus y combis que circulan por las principales avenidas solo circularan por la derecha, sólo esa acción bastaría para aligerar en un 50% la circulación. Por ejemplo, las avenidas Arequipa, Abancay, Arenales, Universitaria, Tacna, Garcilaso de la Vega, son una prueba piloto, acompañada de una sensibilización para no tocar bocina. Quienes se deben comprometer, los municipios por donde pasan estas avenidas, la Policía de Tránsito y la Municipalidad de Lima, utilizando toda la fuerza disponible de empleados y serenazgo, respaldados por laPolicía Nacional del Perú, y sobre todo comprometiendo públicamente a los responsables de las empresas y gremios de las rutas por donde se haría este plan piloto, yo creo que rápidamente empezaríamos a entender por dónde debemos tomar al toro por las astas para resolver esta emergencia, mientras el tema de fondo que es el cambio estructural del sistema se empieza a trabajar ya que demanda mucho más tiempo. Hasta mañana.

Fuente: Diario la Primera

García pone al país en remate

Decreto de urgencia permite privatización como en la época de Fujimori.
“Los decretos de urgencia son medidas extraordinarias que se dan en momentos extraordinarios, como cuando se produce una situación de emergencia nacional, una crisis internacional, algo que motiva que el Ejecutivo se vea obligado a darlo. No se dan para favorecer determinados proyectos de inversión de los amigos de Palacio de Gobierno. Esas no son situaciones de emergencia. Existen procedimientos establecidos para las concesiones y privatizaciones y lo que se está haciendo es tratar los procesos a través de un decreto de urgencia inconstitucional, por lo tanto todo lo que promulgue a partir de él es nulo. VIGENCIA Según se publica en las Normas Legales del diario El Peruano, este decreto de urgencia tendrá vigencia desde hoy hasta el 31 de diciembre del 2011.

Olor de corrupción. Ejecutivo publica decreto de urgencia con disposiciones extraordinarias para apurar concesión de 30 proyectos relacionados con la infraestructura estratégica del país. Analistas dicen que el presidente García busca entregar a sus amigos lo poco de los bienes públicos que le quedan al país.

A menos de seis meses de dejar el cargo y en medio de la coyuntura política dominada por el tema electoral, el gobierno publicó ayer en el diario oficial El Peruano un decreto de urgencia para apurar grandes negocios mediante grandes privatizaciones que motivaron de inmediato fuertes sospechas de corrupción.

El decreto tiene el propósito declarado de facilitar la promoción de la inversión privada en determinados proyectos de inversión, asociaciones públicos privadas y la concesión de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos. 

Según el dispositivo, el gobierno declara de necesidad nacional y de ejecución prioritaria por parte de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), los procesos de promoción de la inversión privada vinculados con la concesión de 30 proyectos de inversión que incluye puertos, aeropuertos, carreteras, gasoductos, y hasta redes de banda ancha y fibra óptica en todo el país.

Faenón en masaAl comentar este decreto de urgencia, el especialista en temas económicos Manuel Dammert, denunció que el presidente Alan García, en el tramo final de su gobierno, quiere precipitar dolosamente la adjudicación de la principal infraestructura estratégica del país. 

“Se trata de un faenón colectivo con el que el jefe de Estado quiere favorecer a sus amigotes entregándoles los principales bienes del país”, dijo a LA PRIMERA. 

Según Dammert, el presidente García sufre por las evidentes limitaciones de obras fundamentales en su segundo mandato y aprueba este decreto para subastar los ejes estratégicos de la Nación.

En este propósito, consideró, el mandatario “viola las leyes, subvalúa activos, anula exigencias ambientales, organiza sumarios procesos corruptos para entregarlos a sus amigotes”. 

Entre los proyectos comprendidos están los terminales portuarios Norte Multipropósito del Callao, General San Martín, de Pisco (Ica); de Yurimaguas (Loreto) y San Juan de Marcona (Ica). “Se quiere subastar los puertos públicos de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), a lo que se suma el proyecto de la Isla San Lorenzo- Isla El Frontón”, señaló el especialista.

Dammert agregó que el decreto también busca subastar la infraestructura energética relacionada con el gas a través del Gasoducto a Trujillo (Gas Natural), el Hub Petrolero Bayóvar (Piura), el Nodo Energético del Sur, el Sistema de distribución deGas Natural para el Sur (Cusco, Arequipa, Moquegua, Juliaca, Puno y Tacna), así como el Sistema de Distribución de Gas Natural para el Norte Medio (Ayacucho,Huancayo, La Oroya, Chimbote y Trujillo), además del Sistema de Abastecimiento de LNG (Gas Natural licuado) para el mercado nacional.

También se incluye carreteras como las IIRSA-centro, la Autopista del Sol, la Panamericana Sur Ica-Chile, la Longitudinal de la Sierra, la Longitudinal de la Selva (según la norma en los tramos que determine el Ministerio de Transportes), la línea 1 del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao y varias líneas de Transmisión de energía eléctrica.

Asimismo, el aeropuerto Internacional de Chinchero-Cusco, proyectos de banda ancha y fibra óptica en todo el país para coberturas universales y “algunos proyectos con nombre propio”, según Dammert, como Choclococha, la Penitenciaría en Lima, la Reserva fría de Generación y la planta de Salinización Lima Sur.

Como en el FujimorismoLo que se busca con esta medida, señaló Dammert, es imponer la corrupción en la ejecución de obra pública. “Este proceso es parecido solo a la privatización durante elFujimorismo o a las consignaciones del guano, en el Siglo XIX, dos fraudulentos procesos de acumulación por desposesión de bienes públicos y privados de la nación”, subrayó. 

El decreto de urgencia señala que la viabilidad de los proyectos que requieran cofinanciamiento podrá ser otorgada con estudios a nivel de prefactibilidad y el diseño de la transacción y del contrato de asociaciones públicos privadas para los proyectos considerados en la norma es responsabilidad de ProInversión.

“Lo que se hace es subsidiar con dolo proyectos imprecisos, pues el cofinanciamiento del Estado solo requerirá estudios de prefactibilidad”, precisó.

También anula las certificaciones ambientales como requisito previo y solo serán exigidos a los proyectos adjudicados para el inicio de obras.

La norma también contempla transferir a título gratuito a los concesionarios los terrenos y/o edificaciones del Estado, incluyendo las empresas del Estado, sean de propiedad directa o indirecta. Además obliga a Registros Públicos a inscribir ese patrimonio con la sola presentación de la solicitud y la resolución del sector autorizando.

Proceso viciadoAl respecto, el congresista nacionalista Daniel Abugattás consideró que el gobierno está actuando contra el reloj para rematar lo poco de los bienes públicos que le quedan y privatizarlos a través de un decreto de urgencia ilegal y anticonstitucional. 

“Con esto se quiere entregar sin licitaciones, sin SNIP, sin el control de la Contraloría, los puertos, aeropuertos, carreteras, obviando los procesos fundamentales que se deben seguir de acuerdo a la legislación peruana”, agregó.

Sostuvo, además, que con este dispositivo de emergencia se está viciando la ejecución de los treinta proyectos anunciados porque no se puede a través de un decreto de urgencia tomar este tipo de decisiones. 

“Gracias a Dios lo hacen a través de un decreto de urgencia que será una de las primeras cosas que anule el primer día de agosto de este año el Congreso vigente entonces. “Ese Parlamento tendrá la obligación moral de declarar su nulidad por cuanto es absolutamente ilegal e inconstitucional”, acotó.

Fuente: Diario la Primera

Remate de puertos

La publicación del Decreto de Urgencia Nª 001-2011 del Ejecutivo fue duramente cuestionado por representantes de Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos (Fentenapu) que advierten que con este dispositivo legal el Perú renuncia a su soberanía marítima al entregar los principales puertos marítimos a capitales privados. 

El congresista aprista Luis Negreiros, ex dirigente portuario, cuestionó el decreto porque podría apresurar el proceso de concesión del Muelle Norte del Callao justo en medio de una disputa legal entre el Estado y la empresa privada (DP World, concesionaria del Muelle Sur)

El Ejecutivo dictó el Decreto de Urgencia Nª 001-201, publicado ayer en el diario oficial, que declara de “necesidad nacional –para el presente año- y de ejecución prioritaria por parte de Proinversión, los procesos de promoción de la inversión privada vinculados con la concesión” de un grupo de proyectos, entre los que destacan el Terminal Norte Multipropósito del Callao, el terminal portuario de Yurimaguas, el deSan Martín (Pisco), el de Iquitos y el de San Juan de Marcona.

Así el gobierno dicta facilidades a la inversión privada mediante las asociaciones público privadas y concesiones de obras públicas de infraestructura y de servicios. 

El argumento que utiliza el gobierno para dictar el dispositivo legal –y que lo expone en la norma- “es la incertidumbre sobre la evolución de la economía mundial, donde subyacen riesgos (…) con un alto impacto sobre la economía local”

De esta manera, el Ejecutivo da un doble discurso. Por un lado, según declaraciones anteriores del Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reservas, la economía nacional esta exenta de cualquier impacto de la crisis económica internacional, sin embargo, sustenta el reciente D.U. en los impactos que pueda tener la crisis económica en el país.

Saqueo nacionalManuel Dammert, representante legal de la Fentenapu, calificó el mencionado D.U como el del “saqueo nacional”, que ha sido dictado a menos de tres meses de la elección de un nuevo gobierno y en plena campaña electoral presidencial.

“El presidente Alan García esta en el tramo final de su gobierno y pretende precipitar dolosamente la adjudicación a sus amigotes de la principal infraestructura estratégica del país (Muelle Norte del Callao)”, denuncia Dammert.

El secretario general de la Fentenapu, Luis Ortiz, coincidió con Dammert y dijo que con el reciente dispositivo legal, el gobierno renuncia a su soberanía marítima nacional. Explica que en el sur del país, el puerto de Matarani ha sido entregado a Terminal Internacional del Sur (de capitales Chilenos asociados al Grupo Romero), por el Norte el puerto de Paita es administrado por el consorcio Terminales Portuarios Euroandinos. Y ahora, dice Ortiz, se pretende concesionar los muelles del centro del país.

Fuente: Diario La Primera

El amargo drama de los azucareros

Las empresas azucareras del país se encuentran operativas y en plena producción, con el cumplimiento de las remuneraciones a los trabajadores, pero el presidente Alan Garcíasostiene que las compañías están quebradas y rechaza promulgar la ley que prorroga la protección patrimonial. El conflicto puede agudizarse con el inicio de una huelga nacional en el sector.

Más de 35 mil trabajadores azucareros se encuentran en “pie de lucha” en defensa de sus derechos laborales y piden al Ejecutivo que reconozca como “empresas emblemáticas” a las azucareras conducidas por los trabajadores. denuncian, asimismo, la intención del gobierno de querer entregar el monopolio del sector al Grupo Gloria y consolidar el latifundio en el país.

El secretario general de la Federación de Trabajadores Azucareros del Perú (FTAP), Demetrio Ruiz Ríos, dijo que la demanda interna está cubierta con la producción nacional e incluso el precio del dulce podría costar menos de dos nuevos soles, muy por debajo de lo que cuesta un kilogramo de azúcar en el mercado.

Sostuvo que la situación de los ingenios azucareros pasa por una franca recuperación, después de siete años de vigencia de la Ley de Protección Patrimonial de las empresas azucareras, aprobada en el 2003 y prorrogada en 2004 y 2008. La norma ha evitado embargos contra las cuentas bancarias de los ingenios y sanear sus finanzas, lo que ha permitido a los trabajadores cobrar sus remuneraciones sin inconvenientes hasta la fecha.

La experiencia exitosa, según Ruiz Ríos, se observa en las empresas Pomalca, Tumán y Cayaltí, donde los trabajadores se han convertido en importante accionistas y representan el 40 por ciento de la producción nacional.

Decididos a defender sus derechos y el futuro de 65 mil familias, los 35 mil trabajadores azucareros se encuentran en “pie de lucha” y realizan movilizaciones enLima y Chiclayo para demandar al Ejecutivo la extensión del régimen de excepción hasta el 31 de diciembre del 2011, como lo aprobó el Congreso el dos de diciembre pasado. Las protestas pueden extenderse a las 12 empresas azucareras a nivel nacional.

Sin embargo, el presidente Alan García rechazó promulgar la prórroga de la ley, que venció a finales del 2010, aduciendo que es inconstitucional y la devolvió al Congresopara su revisión. La Comisión Agraria aprobó hoy por unanimidad un dictamen por la insistencia de la prórroga de la ley, a iniciativa de la bancada del Partido Nacionalista. Este miércoles habrá una reunión extraordinaria del mismo grupo legislativo para ratificar el dictamen y devolverlo al Ejecutivo para su promulgación, según el legislador Daniel Abugattás.

El gobierno sostiene que la prórroga incrementaría las deudas de las azucareras y retrasaría el cobro de las obligaciones laborales, sociales y tributarias vencidas de las empresas. Los trabajadores han denunciado la pretendida intención del Ejecutivo de vender las acciones del Estado en algunas empresas para favorecer a determinados grupos económicos para consolidar el monopolio en la industria azucarera.

Los manifestantes llegaron desde la ciudad de Chiclayo y marcharon desde la Plaza Dos de Mayo, donde unos 30 trabajadores cumplen hace ocho días una huelga de hambre en apoyo a sus demandas. Por segunda vez en menos de una semana, los azucareros volvieron a movilizarse por el centro de Lima para exigir a los poderes Ejecutivo y Legislativo solución al conflicto.

Durante la marcha los trabajadores quemaron afiches con la imagen del ministro de Economía, Ismael Benavides, y advirtieron con llevar a cabo una huelga nacional a partir del 31 de enero en caso que el Ejecutivo persista en ejecutar embargos contra las cuentas bancarias de las empresas.

“Azucareros exigen ley de protección”, “Ni un paso atrás, Ley de Protección” y “No al monopolio de la industria azucarera”, resaltaban en los grandes carteles que portaban los manifestantes, mientras otros trabajadores gritaban: “Ministro Benavides, los azucareros te repudian” y “Alan (García, el Grupo) Gloria te ha comprado”.

Ruiz Ríos sostuvo que el ministro Benavides “está en una línea privatista y busca quitar a los trabajadores el control de las empresas para entregarlas a un grupo de poder económico”. “Es lamentable que un gobierno que está de salida se está ensañando con los trabajadores azucareros”, expresó.

Desmintió al gobierno sobre la supuesta suspensión de los embargos e informó que la Sunat ha retenido algunos camiones de Pomalca y Tumán, que eran usados por las empresas para la carga de la caña de azúcar del campo a las fábricas para la producción de azúcar. Responsabilizó a Cofide de incrementar la deuda de la empresa Cayaltí de 54 millones a 110 millones de soles.

Lamentó que el gobierno haya rechazado promulgar la ley de protección patrimonial de las azucareras y denunció que “el tema de fondo” sería la pretendida entrega de los ingenios azucareros de Lambayeque al Grupo Gloria, lo que dejaría sin empleo a unos 6,500 trabajadores.

El dirigente azucarero explicó que la prórroga de la ley permitirá repotenciar a las azucareras, cumplir con el pago de un cronograma de pagos de deudas atrasados por muchos años y llevar a cabo las proyecciones de las empresas. “En el fondo la deuda no es un problema, pues el Estado debe mucho dinero a los fonavistas y al seguro social”, observó.

Dijo que de procederse a los embargos, los más perjudicados serán los trabajadores, por lo que insistió en la necesidad de que se prorrogue la Ley 4363 por un año más, tiempo que consideró suficiente para que se pueda cumplir con el pago de adeudos y compromisos tributarios.

Indicó que en uno de los puntos de la observación presidencial, se convoca a los acreedores para que acudan a Indecopi y constituyan juntas interventoras, a fin de imponer “un patrón” que controle las empresas azucareras. “Los trabajadores no pensamos retroceder al pasado”, acotó.

Grupo Oviedo sólo administraLa Ley 4363 que prorroga la protección patrimonial y permite la recuperación financiera de las azucareras, es llamada también por los sectores contrarios a la norma como la Ley Oviedo, pero este grupo es accionista minoritario en Tumán y Pomalca, sostuvo el coordinador general de los trabajadores de la empresa agroindustrial Tumán, Jorge Chero Cabrera.

“Oviedo no es patrón ni dueño ni administrador de ninguna empresa azucarera. Es un aliado estratégico de los trabajadores y no tiene injerencia determinante o manejo total de las compañías”, señaló. Explicó que hace seis años ninguna institución financiera otorgaba créditos a las azucareras y el Grupo Oviedo decidió apoyar a los trabajadores. “Con el apoyo del Grupo Oviedo hemos hecho inversiones importantes en el campo”, señaló. 

Chero Cabrera recordó que antes los campos azucareros de Tumán producían entre 80 o 90 toneladas por hectáreas y actualmente se produce entre 260 y 280 toneladas por hectárea, “debido a que se ha renovado y preparado las áreas de cultivo gracias a nuevas inversiones, además de mejorar las fábricas, molinos y cuentan con mejor tecnología. 

“Los trabajadores podemos conducir nuestras empresas y permitiremos capital fresco cuando venga un inversionista y nos garanticen los beneficios sociales e inversiones inmediatas. Hay aventureros que se amparan en la ley de protección patrimonial que no le corresponde y dejan de pagar a sus trabajadores y además los despiden”, señaló.

Fuente: Diario la Primera

Homenajes al Tayta Arguedas, no faltes!!!!!

Estos afiches anuncian las dos actividades en homenaje al centenario de Arguedas, ahi nos vemossssss

DE UN PAÍS DE HIJ@S DE ESPAÑOLES A OTRO DE TODAS LAS SANGRES

PERU 2011: AÑO DEL CENTENARIO DE JOSE MARIA ARGUEDAS
=================================================================

 

Diario LA PRIMERA

Lima 18 de Enero del 2011 - AÑO: V - Edición: 002125

 

  DE UN PAÍS DE HIJ@S DE ESPAÑOLES A OTRO DE TODAS LAS SANGRES

Por RODRIGO MONTOYA ROJAS

Nació en Andahuaylas un día como hoy, en 1911. Vivió allí sólo tres años. Al perder a su madre, Victoria Altamirano, él y su hermano Arístides fueron llevados por su padre -Víctor Manuel, un abogado cusqueño- a San Juan de Lucanas. Como hijastros de doña Grimanesa Arangoitia viuda de Pacheco tuvieron una niñez difícil, tanto por la dureza de ella como por la constante ausencia del padre. En la cocina de la casa, doña Cayetana le dio la ternura que le hacía falta y en las tierras lucaninas de músicos, danzantes y comuneros que trabajaban felices en sus faenas, aprendió a cantar, a enamorar en quechua y también a admirar la fuerza de los comuneros, siempre compitiendo entre ellos para arar más profundamente la tierra, limpiar una acequia, bailar en la fiesta del agua o en su apoyo a los danzantes de tijeras preferidos.

Hizo sus estudios de secundaria en colegios diferentes en Ica, Yauyos, Abancay y Huancayo. En 1931, ingresó a San Marcos para estudiar Educación, siendo al mismo tiempo empleado de correos. Se decidió a escribir y contar lo que era el mundo andino luego de leer lo que jueces y literatos escribían sin conocer la realidad, ni sentirla. Imaginemos la furia que sintió cuando López Albújar contaba que los llamados indios no querían a sus mujeres e hijos y preferían a sus animales. En los cuentos de su primer libro, “Agua” (1935) presentó, desde dentro de la cultura quechua, el gravísimo conflicto entre señores e indios, con una poesía y ternura extraordinarias. Su relato Warma kuyay (amor de adolescente) es, tal vez, el mejor.

San Marcos lo acercó al debate político de entonces. Como simpatizante del Partido Comunista tuvo un breve momento de participación política organizada, pronto abandonó la célula cuando su jefe le reprochó emborracharse con los indios y acompañar a los danzantes de tijeras, antes que cumplir con sus tareas revolucionarias. Cuando le dijeron que los comunistas solo tendrían derecho a la alegría después de La Victoria, sintiéndose empequeñecido (chintirukuspa, en quechua) pidió salir de la reunión por un momento y no volvió más. En 1937, por asistir a un mitin de solidaridad con los republicanos españoles, fue apresado en la puerta de la casona de San Marcos y encerrado en “El sexto”, la dura cárcel limeña, en la que conoció de cerca el conflicto político entre apristas y comunistas, costeños y serranos, entre la ciudad y el campo. Allí, le sirvieron de consuelo las canciones quechuas aprendidas en Puquio y San Juan, reunidas y traducidas después en un precioso librito “Canto quechua” (1938). Más tarde, en su novela “El sexto”, JMA vuelve sobre los conflictos políticos, particularmente entre apristas y comunistas. Ya casado con Celia Bustamante, para recuperarse de su quebrantada salud siguió el consejo médico de volver a los Andes y emprendió el camino de profesor de lengua y literatura en el colegio Pumacahua de Sicuani. Vivió feliz el reencuentro con las piedras trabajadas como si fueran de barro, la luz y belleza del Cusco, el descubrimiento de las danzas, cantos y cuentos de sus estudiantes, de la voz maravillosa de Carmen Taripha, la cocinera del padre Jorge C. Lira en la parroquia de Calca, y los primeros estudios de folklore en el departamento de Antropología de la Universidad San Antonio Abad, con Efraín Morote Best y Josafat Roel Pineda. Estando en Cusco escribió artículos que se publicaron en el diario “La prensa” Buenos Aires, reunidos luego en el libro “Señores e indios”, publicado en Cuba por Ángel Rama. En ese fértil período escribió la novela “Yawar Fiesta” (1941) para presentar el mundo de señores indios en la provincia de Lucanas, particularmente en Puquio, a través de los toreros profesionales y los capeadores o jugadores andinos con los toros. Enriquecido con esa experiencia cusqueña, JMA tomó la decisión de estudiar Antropología en San Marcos.

Luego de publicar el relato “Diamantes y pedernales” (1954) y de concluir sus estudios de Antropología, volvió a Puquio en 1955 junto con Josafat Roel Pineda y el sociólogo francés Francois Bourricaud e hizo un trabajo de campo que le sirvió para escribir el libro “Puquio: una cultura en proceso de cambio”. En ese viaje, él y Josafat Roel recogieron una segunda versión del mito de “Inka Ri”, luego que el propio Roel y el antropólogo Oscar Núñez del Prado, lo oyeran por primera vez, algunos meses antes, a los K`eros del Cusco.

En 1959, la editorial Losada de Buenos Aires publicó su novela “Los Ríos profundos”. El éxito fue inmediato, lo situó entre los mejores escritores peruanos y le abrió las puertas para viajar invitado a diversos países. En la ficción, el niño Ernesto recrea una relación de amor y admiración con su padre, siempre ausente, gracias a un diálogo mágico a través de la voz de un trompo (el zumbayllu), los ríos y los vientos, y trata de un conflicto serio entre señores y siervos debido al monopolio de la sal.- No conozco en Perú una prosa con más ternura que la de esa novela.

En 1958, JMA pidió a la Unesco una beca para viajar a España y tratar de responder a la pregunta cuánto de España hay en las comunidades peruanas. Nunca antes antropólogo latino americano alguno había formulado un plan de trabajo como ese. Su libro “Las comunidades de España y Perú”, fue su tesis de doctorado en San Marcos en 1963, después de haber publicado en 1962 su cuento “La agonía de Rasu Ñiti”, un relato precioso sobre la vida y muerte de un danzante de tijeras, y su poema “Túpac Amaru Kamaq Taytanchisman Haylli Taki”, A nuestro Padre creador Túpac Amaru Himno-Canción). En 1963, su amigo Paco Miró Quesada, ministro de Educación en el primer gobierno de Belaunde, creó para él “La casa de la Cultura”. Dejó ahí su huella en la revista “Cultura y Pueblo”, en la presentación múltiple y constante de la Música, canto y danzas indígenas, principalmente andinas, en los mejores teatros de Lima y en el registro de artistas andinos como el primer reconocimiento oficial de su historia. El 1964, publicó su novela “Todas las sangres”.

Después de su tesis de doctorado JMA debió haber sido nombrado con todo derecho profesor de antropología a tiempo completo en San Marcos, pero no fue así. Amigos del Departamento de Humanidades de la Universidad Agraria le ofrecieron un puesto que sería el último. La tesis doctoral y la novela “Todas las sangres”, dejaron a JMA agotado, con pocos ánimos para seguir. Un viaje de algunas semanas a Estados Unidos, invitado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y varios viajes a Chile para recuperar su debilitada salud, marcan el momento de la larga crisis final. Su depresión, compañera constante desde su primera infancia, lo condujo en 1966 a un fallido intento de suicidio en el Museo de la Cultura peruana, del que era director.

Con un nuevo amor y un segundo matrimonio, Sybila Arredondo, hizo varios viajes a Santiago para ver a la psiquiatra Lola Hoffman. Su consejo de escribir para no morir lo embarcó en su último proyecto literario y póstuma novela “El zorro de arriba y el zorro de abajo”. Si en “Todas las sangres” intentó una visión global del país, con la historia de los zorros asumió el desafío de ver el país dentro del capitalismo global en la media en que Chimbote era el puerto mayor de Perú, convertido en primer exportador de harina de pescado en el mundo. Dos mil años después del encuentro de los zorros yungas de abajo y andinos de arriba en el Pariaqaqa, nevado de la sierra de Lima -tomado del relato “Dioses y hombres de Huarochirí” que él tradujo del quechua- JMA los reunió por segunda vez en Chimbote para tratar de entender la historia contemporánea, al mismo tiempo que en sus “Diarios” iba contando cuán cerca estaba ya de acertar en su decisión de pegarse un tiro, y cuáles eran y habían sido sus convicciones literarias y políticas más importantes en el país que le tocó vivir.

A fines de noviembre de 1969, el tiro que se dio cerca de su oficina en la Universidad Agraria fue definitivo. Unos días después, murió. En los 42 años transcurridos y ahora, en el primer centenario de su nacimiento, JMA es un héroe cultural, un escritor de primera línea y uno de los cimientos firmes para pensar el futuro del país. Miles de jóvenes en todas partes lo toman como un ícono y mentor de lo bueno y mejor que tiene nuestro pueblo aunque estoy seguro que muchos de ellos y ellas lo han leído poco o nada. Lo que importa es lo que saben de él por sus frases que circulan como claves para entender el país. En particular una: “Todas las sangres”, que quiere decir, todas las lenguas y culturas, todos los rasgos biológicos existentes en la Costa, los Andes y la Amazonía; todas las naciones que existen escondidas y sometidas a una, la occidental criolla que se siente y define como única. La visión uni-cultural del Perú criollo oficial desde 1821 hasta ahora, expuesta en el ideal del Estado nación de un estado, una nación, un territorio, una lengua, una religión, importado de Europa y Estados Unidos, está en abierta contradicción con la realidad heterogénea y maravillosa del país, de una decena de culturas y por lo menos 50 lenguas, lo que se llama ahora diversidad cultural o multi culturalidad.

En “Todas las sangres”, la novela más importante del país, JMA inventa y deja las bases de solución de un gran conflicto entre el capitalismo y el mundo andino, pone en discusión la noción de patria y crea un personaje como Demetrio Rendón Willka, un indio que sabe leer y escribir, que tiene experiencia obrera y sindical, que no cree en Dios, no reniega ni siente vergüenza de su condición de indio, se identifica plenamente con el espíritu colectivo de las comunidades, disfruta con el trabajo-fiesta de la faena y que tiene la prudencia de los grandes sabios andinos, que habla con la fuerza de la naturaleza, que no tiene rabia, pero que quiere cambiar el mundo para que el Perú sea una patria para todos sus hijos y no sólo para los criollos. Quienes criticaron la novela esperaban que JMA reprodujera en la ficción la realidad de entonces y como no conocían a ningún Demetrio Rendón Willka o a ningún capitalista nacional o patriótico, dijeron que la novela tenía graves problemas. Ahora que la Constitución de 2008 sostiene que Bolivia es un país plurinacional y los pueblos indígenas tienen sus derechos colectivos e individuales asegurados, el sueño arguediano cobra una fuerza mayor. ¿No hay acaso un vínculo posible entre Demetrio Rendón Willka y Alberto Pizango? Falta que la cultura se vuelva política, es decir, que no defendamos únicamente el canto, la danza y la Música sino que, además, los pueblos indígenas tengan directa participación en el poder del país, de modo organizado y autónomo. En abril, o mayo próximo, volveré sobre la importancia literaria y política de Arguedas en mi libro “Cien años del Perú y de Arguedas”.

Navegar Río arriba

Rodrigo Montoya Rojas

Centenario del natalicio del maestro José María Arguedas ¡Presente!

Estupendo informe copiado de La Mula.

Y aquí otro homenaje elaborado por Perú 21.

Amenazan a la prensa con pretexto del ‘chuponeo’

Comisión de Justicia del Congreso analizará dos proyectos sobre interceptación telefónica. Walter Menchola propone fuertes multas para los medios que difundan ‘chuponeos’. Javier Bedoya pide hasta 5 años de cárcel para los que propalen comunicaciones privadas.

A la Comisión de Justicia del Congreso ingresaron hace 12 días dos proyectos que buscan modificar el artículo 162 del Código Penal, referido a la interceptación telefónica. Lo preocupante es que, bajo el pretexto de endurecer las penas a los ‘chuponeadores’, esas propuestas intentan establecer sanciones y fuertes multas contra los medios que difundan informaciones obtenidas de manera ilegal, lo cual puede convertirse en amenazas contra la libertad de prensa, alertaron algunos congresistas y hombres de leyes.

En uno de los proyectos, presentado por Javier Bedoya de Vivanco, de Unidad Nacional, se incluye en la comisión del delito “a quien difunda una comunicación privada” y se señala que tendrá una pena de cárcel de hasta cuatro años.

En el otro, promovido por Walter Menchola, de Alianza Nacional, no se contemplan penas de cárcel para los que difundan la comunicación privada, pero sí multas entre 180 mil y 360 mil soles, y hasta decomisos de equipos y revocación temporal de la concesión y autorización de las señales de transmisión.

“Esto es un inaceptable intento de mordaza contra la prensa. No se le puede prohibir a un medio que difunda un video o un audio que revela un delito o un acto de corrupción por más que haya sido obtenido ilícitamente”, indicó el legislador Daniel Abugattas tras señalar que los humalistas se iban a oponer a tales propuestas.

El parlamentario aprista José Vargas también se mostró contrario a poner penas privativas de la libertad y multas a quien difunda información de interés público que haya sido obtenida ilícitamente.

“El quid del asunto es establecer cuál es el criterio para determinar qué cosa es de interés público, eso es lo que se debe discutir”, manifestó Vargas.

El abogado Samuel Abad también mostró su preocupación de que se quiera establecer sanciones penales y administrativas cuando un periodista divulgue una información fruto del ‘chuponeo’. “En estos casos se requiere un autocontrol del medio de comunicación, pero tipificar como delito la difusión no es la mejor salida, es un riesgo contra la libertad de prensa”, expresó.

Para el abogado Jorge Avendaño, hay que endurecer las penas contra los ‘chuponeadores’ y también sancionar a los que difundan comunicaciones privadas, excepto cuando estas tienen como fin la defensa del bien común.

Sin embargo, la propuesta de Bedoya, que tiene el respaldo de congresistas de Acción Popular (Víctor Andrés García Belaunde) y del Apra (Mauricio Mulder), y la de Menchola, que solo tiene las firmas de AN, no tendrían mayor suerte en la Comisión de Justicia y podrían terminar archivándose, ya que anteriormente proyectos sobre el mismo tema ya fueron discutidos.

Rolando Sousa, presidente de la Comisión de Justicia, informó que los dos proyectos ya no serían analizados porque el tema de la penalización de la difusión de información interceptada ya fue rechazada y no vale la pena insistir con eso.

DEL CONSULTOR
Lo público y lo privado
El problema con los audios o videos que se obtuvieron ilegalmente es que fueron un poco santificados porque fue gracias a ellos que se trajo abajo el régimen de Alberto Fujimori. Entonces sería complicado empezar a distinguir entre audios o videos propalables y no propalables.

Entiendo que en el Código Civil hay normas que protegen la privacidad de las personas salvo cuando se trata de personas públicas o que ejercen función pública, como ocurrió con el caso de los “petroaudios”.

No sé si se necesitan nuevas normas de protección a la privacidad porque las que hay no han funcionado por las razones históricas: a nadie se le ocurrió objetar la difusión de esos audios videos que tumbaron a Fujimori, pues el contenido de esos videos eran de interés nacional.

No estoy haciendo un juicio sino haciendo una explicación de por qué estamos donde estamos. Tratar de fijar una posición de tipo normativo, no positivo, implicaría un análisis más amplio.
JOSÉ LUIS SARDÓN. ABOGADO

Fuente:

Diario El Comercio

Esto es lo que hace el ex alcalde Castañeda con la memoria de Vallejo

Aquí el pedestal del monumento al poeta encontrado en un basural

En los últimos días vimos el escandalo mediático que se armó por que un grupo de personas arrancaron la placa de una plaza que recordaba al ex alcalde e implicado en el caso Comunicore, el candidato presidencial Luis Castañeda Lossio.

Se dijo de todo. El diario Expreso habló de hordas fascistas que tomaban la justicia por sus propias manos, se acusó injustamente a diversas personas que nada tuvieron que ver con el hecho y hasta este medio de comunicacion fue mencionado de manera irresponsable como parte de esos grupos cuando nuestros reporteros solo cubrían este hecho.

Es indignante como la gestión del ex alcalde hacía lo que queria con la memoria del potea, transformando y manipulando todo a su gusto solo para satisfacer sus intereses politicos.

El pedestal arrancado del monumento al Vallejo frente al teatro Segura fue encontrado en Cantagallo cerca al rio Rimac en medio de la basura.

Las fotos hablan por si solas.

Fuente: blog "Lima mala Lima"

Ucayali ocupa segundo lugar en casos de tuberculosis en el Perú

El Perú presenta un número cada vez mayor de infectados con tuberculosis y la región de Ucayali ocupa uno de las primeras regiones con mayor índice de estar propensos a infectarse.
En un taller realizado en un céntrico hotel de la ciudad y que contó con la masiva participación de los médicos y técnicos del sector salud se informó que, lamentablemente, Ucayali esta ubicado en el segundo lugar a nivel nacional de tener el mayor índice de infectados; de los acules existen 16 personas con multidrogo resistentes y una persona extremadamente resistente que ya nada se puede hacer por salvarle la vida.
Esta es una triste realidad dentro de la situación que está recibiendo el Director de Salud, quien se comprometió a solicitar al gobierno regional presupuesto para poder implementar programas de TBC.
Estas alarmantes cifras de contagiados se debe a la extrema pobreza que existe en la región y a los niveles de pobreza que llegan hasta mas del 50 % de la población ucayalina. En este tema de salud la región ha retrocedido, ya que la prevención es bajísima y existen muchas personas enfermas que no acuden a los hospitales.

Fuente: Enlace Nacional

Mineras se niegan a compartir ganancias | Economía | Diario La Primera

Mineras se niegan a compartir ganancias

La Noticia
Pliego de reclamos de trabajadores de Cerro Verde fue atendido a última hora.
DETALLE Según el informe OCM al segundo semestre 2010, más de 21 millones de hectáreas del territorio peruano se encuentra concesionado, es decir el 16.73%, alcanzando un nuevo récord histórico de concesiones mineras que ocupan gran parte del territorio nacional, siendo Arequipa la región más concesionada por extensión (hectáreas) del país, con más de dos millones setecientos mil hectáreas.

Las empresas además de oponerse al pago de un impuesto a las sobreganancias o pagar más regalías, también se niegan a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

Como se ha hecho costumbre las empresas mineras que operan en el Perú a pesar de las millonarias ganancias que vienen obteniendo en los últimos años debido al boom de los minerales, se niegan a compartir sus cuantiosas utilidades con los trabajadores e incluso a pagar más regalías y un impuesto a las sobreganancias, lo que produce el incremento de los conflictos en torno a este sector.

De acuerdo al último informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), en noviembre último en el país se registraron 120 conflictos socio ambientales, y según la ONG CooperAcción (miembro del Observatorio), un 70% tenía relación con la minería.

El informe OCM sostiene que una herramienta clave que permite prevenir este tipo de conflictos es el ordenamiento territorial, el proceso participativo de Zonificación Ecológica Económica y el uso de los recursos como el agua y la tierra.

La desidia de las mineras para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector continúa; así, por ejemplo, la Sociedad Minera Cerro Verde esperó hasta el último momento –el último jueves por la noche- para atender las demandas de sus trabajadores que amenazaron con iniciar una huelga general indefinida desde las primeras horas de ayer.

El investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jorge Manco Zaconetti, un crítico del modelo como las empresas mineras operan en el país, realizó un análisis de las ganancias, ventas y utilidades de esta minera que se negaba atender el pliego de reclamos de los trabajadores que, entre otras cosas, pedían mayores beneficios sociales, que incluyan el mantenimiento de servicios médicos a los dos mil trabajadores, entre obreros y empleados.

Caso Cerro Verde
Según el investigador de San Marcos las ventas de la minera pasaron de US$ 240 millones (de enero a noviembre 2005) a más de US$ 1585 millones (de enero a noviembre 2010)

Si bien estos mayores ingresos se explican por una mayor producción pues en el 2005 se producían 94 mil toneladas de cobre fino, mientras que a noviembre del pasado año sumaban las 284 mil toneladas de cobre fino,.

Los altos ingresos de la minera también se deben –dice el investigador- al “boom de precios de los minerales”, por ejemplo, en el cobre que de 167 centavos de dólar la libra en el 2005 se incrementó a 323 centavos en el 2007 para alcanzar un promedio de 342 centavos la libra en el 2010, con tendencia al incremento. Esto debido a que en los últimos meses la libra del metal rojo se mantiene por encima de los 425 centavos, es decir US$ 4.25 dólares la libra.

Evidentemente con estos precios y costos operativos menores a un dólar la libra, Cerro Verde está obteniendo utilidades extraordinarias que no están siendo compartidas con el Estado, los gobiernos locales y sus trabajadores, subraya el investigador de San Marcos.

Los mayores precios de los minerales que produjo una mayor recaudación a Cerro Verde elevaron considerablemente las utilidades de la minera en los últimos años. Así estas transitan en el período enero/setiembre del 2005 de US$ 140 millones a los US$ 1,283 millones a setiembre del 2008 para llegar a los US$ 1,073 millones a setiembre del 2010.

Es decir, las utilidades operativas en el período considerado prácticamente se multiplican por casi siete veces. En el mismo sentido, las utilidades netas pasan de los US$ 120 millones a septiembre del 2005 para alcanzar los US$ 679 millones a setiembre del 2010. Es decir, las utilidades netas o residuales se multiplicaron por casi cinco veces.
Fuente Diario La primera