El triunfalismo y la viveza del político tradicional definitivamente son cada día más difíciles de digerir por la ciudadanía, como lo comprueba la más reciente encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, según la cual, redondeando cifras, apenas uno de cada cuatro peruanos aprueba el desempeño del Presidente de la República; exiguo aval que pone en evidencia la precariedad del aval social a su administración.
El resultado es significativo porque contra él se estrellan los atosigantes discursos del mandatario, en los que se felicita a sí mismo de lo que considera sus grandes méritos como gobernante y se precia del crecimiento económico, como si fuera su logro y no el de las espaldas de millones de peruanos que, trabajando 12 o 14 horas y cobrando magros salarios, la mayoría sin seguridad social ni atención de salud adecuada,
La caída de nueve puntos, de 36 a 27 por ciento, en apenas dos meses, parece ser por otra parte la sanción que corresponde a la inacción o ineficiencia del Ejecutivo para cumplir su deber constitucional de proteger a la población y evitar las alzas de precios que benefician a grupos empresariales allegados al gobierno.
Además del lógico desgaste de más de cuatro años de golpes de efecto mediáticos y maniobras políticas y constante retórica de promesas que no se hacen realidad, entre las causas inmediatas debe considerarse además el repudio ciudadano que está a punto de echarse abajo a los dos decretos de urgencia con los que el gobierno ha intentado entregar a manos privadas, grandes proyectos de infraestructura, con un apuro y una desesperación que dan margen a fundadas sospechas de corrupción.
Otras dos encuestas desmintieron antes al gobernante su triunfalismo en torno a su política económica, fundada por el Fujimorismo. Los sondeos fueron contundentes: tres cuartas partes de la población quiere cambios o solo una ínfima minoría está de acuerdo con mantenerla.
El sondeo de la Católica evidencia también que la ciudadanía no confía en el gobierno, pues solamente 15 por ciento tiene mucha o alguna confianza en el Ejecutivo, mientras el Congreso cuenta con apenas 10 por ciento de confianza, lo cual debe hacer reflexionar al gobierno y su mayoría, en torno a la limitada legitimidad, a fin de que evite tomar decisiones, como la de los decretos de urgencia o la aprobación de las rebajas tributarias, sin consultar, como corresponde en democracia, a quienes tienen posibilidades de llegar dentro de menos de seis meses al gobierno.
De no actuar con humildad, asumiendo que no cuentan, ni mucho menos con el aval ciudadano, el gobierno y su mayoría parlamentaria pueden llevar al país a situaciones de conflicto dañinas para la democracia, lo que no se debe permitir.
El resultado es significativo porque contra él se estrellan los atosigantes discursos del mandatario, en los que se felicita a sí mismo de lo que considera sus grandes méritos como gobernante y se precia del crecimiento económico, como si fuera su logro y no el de las espaldas de millones de peruanos que, trabajando 12 o 14 horas y cobrando magros salarios, la mayoría sin seguridad social ni atención de salud adecuada,
La caída de nueve puntos, de 36 a 27 por ciento, en apenas dos meses, parece ser por otra parte la sanción que corresponde a la inacción o ineficiencia del Ejecutivo para cumplir su deber constitucional de proteger a la población y evitar las alzas de precios que benefician a grupos empresariales allegados al gobierno.
Además del lógico desgaste de más de cuatro años de golpes de efecto mediáticos y maniobras políticas y constante retórica de promesas que no se hacen realidad, entre las causas inmediatas debe considerarse además el repudio ciudadano que está a punto de echarse abajo a los dos decretos de urgencia con los que el gobierno ha intentado entregar a manos privadas, grandes proyectos de infraestructura, con un apuro y una desesperación que dan margen a fundadas sospechas de corrupción.
Otras dos encuestas desmintieron antes al gobernante su triunfalismo en torno a su política económica, fundada por el Fujimorismo. Los sondeos fueron contundentes: tres cuartas partes de la población quiere cambios o solo una ínfima minoría está de acuerdo con mantenerla.
El sondeo de la Católica evidencia también que la ciudadanía no confía en el gobierno, pues solamente 15 por ciento tiene mucha o alguna confianza en el Ejecutivo, mientras el Congreso cuenta con apenas 10 por ciento de confianza, lo cual debe hacer reflexionar al gobierno y su mayoría, en torno a la limitada legitimidad, a fin de que evite tomar decisiones, como la de los decretos de urgencia o la aprobación de las rebajas tributarias, sin consultar, como corresponde en democracia, a quienes tienen posibilidades de llegar dentro de menos de seis meses al gobierno.
De no actuar con humildad, asumiendo que no cuentan, ni mucho menos con el aval ciudadano, el gobierno y su mayoría parlamentaria pueden llevar al país a situaciones de conflicto dañinas para la democracia, lo que no se debe permitir.
Fuente: Diario la Primera
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