Recordemos. La Constitución de 1993 nació luego del autogolpe de abril de 1992. Este documento fue aprobado de manera ilegal, ya que el referéndum de ese año fue reconocido ampliamente como fraudulento. De esta manera, el texto de 1993 no surgió de un acuerdo democrático sino para maquillar una dictadura y para que una cúpula se aferrara al poder luego del autogolpe. Como señala el periodista Gustavo Gorriti, la Constitución de 1979 expresó la esperanza en la restitución democrática del país porque sucedió a una dictadura militar, sin embargo, esta carta fue anulada por un gobierno golpista que elaboró después una Constitución a su medida.
La evocación de la Constitución de 1979 por el presidente Ollanta Humala ha sido utilizada por cierto sector político para despertar temores infundados en la ciudadanía. Así, eludiendo una mayor crítica al comportamiento irrespetuoso de algunas congresistas fujimoristas durante la juramentación del presidente, se ha optado por buscarle tres pies al gato a un acto meramente simbólico: “fue provocador y ha reabierto dudas”, “reflejos chavistoides”, “tentación estatista”, entre otros.
Por otro lado, el recuerdo de la Constitución de 1979 ha abierto una importante discusión: la necesidad de reformar la Constitución en aspectos sustantivos. Según un sondeo de Ipsos-Apoyo, publicado en abril pasado, un 37% señalaba que este Congreso debería modificar total o parcialmente la Constitución de 1993. Pero algunos sectores económicos se resisten a siquiera tocar el tema señalando que una reforma constitucional sería “muy peligroso para las inversiones”. Para el ex presidente del Congreso, Henry Pease, estas afirmaciones no tiene sustento. “No hay ningún mito en esa materia. En todo país del planeta se modifican las constituciones con cuidado, con estudios serios y eso se tiene que hacer también acá”, expresó Pease.
La reforma constitucional no es un mero capricho sino una necesidad, que responde al objetivo de un manejo distinto del gobierno: fomento de una economía nacional de mercado, una nueva forma de explotar los recursos naturales y una mayor presencia del Estado en algunas actividades estratégicas y para brindar mejores servicios a la ciudadanía. Ojalá que así lo entiendan nuestros padres de la patria y realicen los cambios normativos que el Perú requiere para caminar por la senda de la inclusión social.
Fuente: http://www.otramirada.pe/
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