Gobierno decreta el estado de emergencia por un conflicto minero. Manifestantes que se oponen al proyecto minero cuprífero Las Bambas
El Gobierno peruano decretó ayer el estado de emergencia en cuatro provincias del departamento de Apurímac, en la sierra sur de Perú, y otras de dos de Cuzco, tras las protestas del pasado lunes contra el proyecto minero de extracción de cobre Las Bambas, que dejaron cuatro muertos y 22 heridos en un enfrentamiento con la policía. La medida, que suspende “los derechos constitucionales relativos a la seguridad y libertad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito”, estará vigente 30 días en las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas, Chincheros, Espinar y Chumbivilcas.
El Comité Central de Lucha de las provincias de Cotabambas y Grau (Apurímac) empezaron el pasado viernes un paro indefinido contra MMG —compañía china a cargo del proyecto Las Bambas, el más grande del país, y que debe producir 400.000 toneladas de cobre a partir de 2016—, para protestar por una modificación en el estudio del impacto ambiental de la extracción. La policía reprimió el pasado lunes las movilizaciones y el enfrentamiento se saldó con la muerte de cuatro manifestantes, y 22 heridos: 16 civiles y ocho agentes.
El lunes se registró un nuevo episodio de violencia, cuando la policía intentó reducir a unos 300 manifestantes, que se encontraban cerca del campamento minero, con bombas lacrimógenas y disparos. El gobernador regional del departamento de Apurímac, Wilber Saavedra, pidió además que una comisión de alto nivel del Gobierno viaje al lugar.
Cuando la empresa MMG compró Las Bambas a la compañía suiza Xtrata, modificó el estudio de impacto ambiental
Las organizaciones locales aseguran que intentaron dialogar con los representantes de MMG y del Ministerio de Energía y Minas para que les explicaran las modificaciones, pero sin éxito. Sin embargo, un comunicado difundido por la empresa la noche del lunes afirma que ha actuado “conforme a la ley y exhorta a recuperar la paz en la zona”. Según estas organizaciones, la empresa cambió los parámetros ambientales “sin respetar los procedimientos de participación ciudadana y el derecho a la información” .
El cambio, realizado por MMG al comprar el proyecto a la compañía suiza Xstrata, anula la construcción de un mineroducto subterráneo para trasladar los materiales extraídos. E introduce además la construcción de un almacén de concentrados de alto potencial contaminante, y el transporte de las sustancias mediante camiones. La concesión minera, de 35.000 hectáreas, se encuentra en una cabecera de cuenca, lo que haría aún más peligroso un posible vertido tóxico.
La policía lanzó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. Entonces, un grupo de jóvenes subió a un cerro aledaño al campamento minero.
Henry Chávez, trabajador en Apurímac del Observatorio de Conflictos Mineros (un proyecto de una ONG ambientalista), afirmó que los manifestantes no pretendían tomar las instalaciones, pero horas después el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, reportó 22 detenidos por ingresar a la concesión minera.
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