EL PRECIO DE LA FE CATÓLICA

Todo empezó con una simple pregunta: ¿Cuánto le cuesta la Iglesia católica al Perú? Encontrar la respuesta resultó mucho más difícil de lo que pensamos. Lejos de un monto específico, nos topamos con una solitaria palabra: incalculable. Si Julio Andrade ‘se la lleva fácil’, nuestros amigos de las sotanas −algunos− se la llevan regalada, y a manos llenas. Una institución que lleva siglos pegada a la mamadera estatal.

ESCRIBE: CÉSAR VÁSQUEZ RIVERA
FOTOS: AUGUSTO ESCRIBENS

El catolicismo llegó al Perú con los españoles, con una mano delante y la otra detrás. Si bien los reyes cha­petones eran católicos, los repre­sentantes de su iglesia desembarca­ron en las costas peruanas prácticamente con lo que llevaban encima, dispuestos (o, en todo caso, obligados) a empezar de cero. Varios si­glos han pasado desde entonces, tiempo en el que esta Iglesia pasó de ser una modesta con­gregación, a ser probablemente la institución más rica y poderosa del país.

Cipriani siempre se ha caracterizado por su gusto por la opulencia en su ropa y accesorios.

El Perú supuestamente es un estado laico desde 1979, sin embargo la Constitución no lo especifica así, solo dice que tiene una relación de colaboración con la Iglesia católica. Pero aunque la Carta Magna dijera, textualmente, que ninguna religión prevalece sobre las otras en nuestro país, los astutos católicos se las in­geniaron para asegurarse una serie de benefi­cios económicos, mediante argucias legales y no tan legales.

CON NUESTRA PLATA

El Estado peruano, sin estar obligado a ello, paga sueldos mensualmente a los principales representantes de la Iglesia católica, dinero que sale del Tesoro Público. Es decir, nosotros, los contribuyentes, les ‘paramos la olla’ a los curas católicos, aunque profesemos otra reli­gión o no tengamos ninguna. Al respecto, Ve­laverde conversó con el periodista y escritor Pedro Salinas, quien ha dedicado varias de sus columnas a criticar a esta Iglesia y a su rostro más visible y controvertido en el país, el carde­nal Juan Luis Cipriani.

“En lo personal me fastidia que, de mis im­puestos, vaya una parte a pagar el sueldo de Cipriani, porque encima este personaje pre­tende imponer sus propias creencias en polí­ticas públicas. Tenemos un clérigo que no deja de entrometerse y de meter su narizota en la política local”, sentenció. “No puede haber una iglesia con mayores privilegios que el res­to, que tenga que ver en la toma de decisiones de un Estado, o que se sienta con derecho de tener algún tipo de influencia en las políticas estatales”, acotó.

Salinas perteneció, años atrás, al Sodalicio, un movimiento católico conocido por su rigidez casi fundamentalista. Más temprano que tarde, el periodista se alejó de ese movimiento, porque, según nos comentó, sentía que su libertad estaba hipotecada.

ARGOLLA HISTÓRICA

La posición privilegiada de la Iglesia católica por sobre otras congregacio­nes se remonta a los inicios de la Co­lonia. El también periodista Rafo León investigó la historia de esta iglesia en el Perú, y lo buscamos para que nos diera algunas luces sobre el tema. “La Iglesia católica tiene una preeminencia social obviamente mayor a cualquier otra. Tiene una cantidad innumerable de propiedades en el Perú, puede que sea una de las entidades más ricas en bienes raíces, y tesoros de arte de los cuales no da cuenta absolutamente a nadie”, nos comentó.

Sin embargo, nadie se atreve a in­vestigar a esta institución, porque según León, todavía existe un gran temor hacia esta iglesia, heredado de tiempos de la Inquisición. “Cuando los conquistadores se establecen, crean las encomiendas, la mayoría de haciendas pasan a manos de la Iglesia, y con el tiempo esta las divide, comercializa y vende. En el campo ya no posee in­muebles, pero se hizo de inmensas propiedades en la ciudad durante la Colonia. La mitad del Cusco es de la Iglesia, una de las ciudades más caras de América”.

El periodista citó el caso concreto del Café Ayllu, local histórico de la Plaza de Armas cusqueña que se vio obligado a mudarse debido al excesi­vo incremento del alquiler. “Ellos pa­gaban 4 mil dólares mensuales, pero un día la Iglesia decidió que ese era un precio ridículo de acuerdo al mer­cado, y lo subió a 16 mil dólares. El Café Ayllu se tuvo que ir y ahora hay un Starbucks en su lugar”, nos contó. Según León, las autoridades eclesiásti­cas vienen trabajando con un pool de abogados para rentabilizar sus bienes en todo el país, conventos gigantes­cos, iglesias, y otras propiedades que, como el Café Ayllu, nadie sabía que eran de la Iglesia. Tal es también el caso de las monjitas francesas del res­taurante L’Eau Vive (El agua viva), en el Jr. Ucayali en el Centro de Lima, de donde las quiere echar el Arzobispado incrementándoles astronómicamen­te la renta, pues dicha calle se ha re­valorizado al convertirse en peatonal. No toman en cuenta los jerarcas de la Iglesia, que dichas hermanas han con­sagrado años y dinero en recuperar el local, y todos los días dan de comer gratis a los menesterosos (véase en Ve­laverde Nº 7).

Izquierda: Susana Chávez, directora de Promsex. A la derecha: Marco Huaco, abogado especialista en el tema eclesiástico.

MONTO INCALCULABLE

Pese a saber que cuantificar el patri­monio de la Iglesia es casi imposible, buscamos al abogado Marco Huaco, quien investigó el tema a fondo. El es­pecialista nos explicó que la financia­ción del Estado a la Iglesia católica se puede dividir en dos grandes rubros, directa e indirecta. La primera con­siste en los desembolsos que hace el Ejecutivo en favor de esa institución cada mes, y la segunda, se refiere a los múltiples beneficios tributarios y do­naciones que reciben.

La financiación directa viene de dos fuentes legales, el Concordato del año 79 y las propias leyes peruanas vi­gentes. Se trata de asignaciones que no tienen carácter de sueldo ni de salario, por lo que no constituyen renta. Ade­más de personal eclesiástico, hay una serie de cargos que no tienen que ver con la Iglesia, cuyos sueldos son paga­dos con nuestros impuestos. La pla­nilla eclesiástica incluye a tres archi­veros, siete guardianes, seis pilotos de lancha (¿?) y doce monaguillos, entre otros cargos algo disparatados.

Son en total 1,030 personas en 54 cargos, que representan un total de S/.150,604.55 que el Estado paga cada mes, es decir, S/.1’808 mil so­les anuales, que salen literalmente de nuestros bolsillos. También hay 10 becas “Cardenal Juan Landázuri Ric­ketts”, de S/.450 mensuales cada una, un total de S/.54,600 anuales. Asimis­mo, los contribuyentes pagamos las pensiones de jubilación vitalicias de todos los obispos y arzobispos, por un monto hasta ahora desconocido. Ninguna de estas remuneraciones está afecta a impuestos.

MILLONES EN TRIBUTOS

Pero esta es solo la punta del iceberg, pues estos montos son una bicoca comparados con lo que representa la financiación indirecta que recibe del Estado. Hablamos concretamente de la total exoneración de impuestos a la Iglesia católica, cosa que no ocurre con ninguna otra entidad, y mucho menos, con otras iglesias. “Cipriani puede decir que gana solo S/.1,300 so­les mensuales, que no le importa ese dinero y que lo pueden donar a obras de caridad, pero lo que nunca va a de­cir es que hay financiación indirecta”, nos explicó Huaco.

Según el especialista, la Iglesia no paga IGV ni Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Tampoco paga impuesto predial por sus templos y monasterios, ni impuesto vehicular, ni alcabala, ni arbitrios por sus innu­merables propiedades, ni aranceles de aduana e IGV por donaciones. Ade­más, no pagan por las prórrogas de permanencia de religiosos extranjeros en el Perú, ni tributo alguno por pa­sajes internacionales. Tampoco pagan Licencia de Funcionamiento ni de Construcción.

Pero aquí no acaba la cosa. Según la Ley de Presupuesto, el Estado desti­nó este año el ‘sencillo’ de S/.2’603 mil a la Iglesia católica, cosa que –obvia­mente– no hace con ninguna otra igle­sia. Esta cantidad puede variar según el año, pero es una referencia de para qué se usan nuestros tributos. Además, cada cierto tiempo, la Superintenden­cia de Bienes Nacionales (SBN) publi­ca en el diario El Peruano resoluciones de adjudicación de bienes a favor de la Iglesia. Le entrega terrenos, edificios o casas, en calidad de donación. Qué generosos.

Por si fuera poco, nuestros amigos católicos no están obligados a llevar contabilidad formal, ni a llevar regis­tro de sus compras y ventas. Todas estas gollerías, las justifican alegando la expropiación de sus bienes en el Virreinato y en la Guerra con Chile. Sin embargo, nunca especificaron a cuánto ascendía esa deuda. Lo más sorprendente de todo esto, es que la Iglesia se vale de una interpretación antojadiza del artículo 1° del Concor­dato, para justificar que estos benefi­cios le corresponden.

 Hay una mafia de tráfico de obras de arte al interior de la Iglesia, según Rafo León.

TRETA JURÍDICA

“La Iglesia católica goza de indepen­dencia y autonomía”, es lo que dice ese artículo, pero los señores de la sota­na dicen que en base a ello la Iglesia no puede ser fiscalizada, porque sus relaciones con el Perú son de igual a igual. “Ese artículo lo usan para eva­dir la fiscalización, lo que realmente quería decir es que no hay unión en­tre Iglesia y Estado”, añadió Huaco. El Concordato tiene carácter de tratado internacional, por lo tanto, solo puede ser derogado por el Poder Ejecutivo. Pero ningún Gobierno se ha atrevido a hacerlo.

Con esta simple triquiñuela, la Igle­sia católica deja de pagarle al Estado peruano millones de soles en impues­tos cada año, una cifra que, sabemos que es astronómica, pero que no po­demos calcular con exactitud debido al secretismo de esta institución y a que ni siquiera tiene la obligación de registrar sus actividades económicas. Y lo peor de todo esto, es que el Concordato no tiene fecha de caducidad. Así que mien­tras no tengamos un Gobierno que se atreva a enmendarle la plana a Cipriani y compañía, seguiremos mantenién­dolos con dinero de nuestros bolsillos, por los siglos de los siglos, amén.