Despidió a 300 mil trabajadores públicos, creó las services y demolió sindicatos. Gobierno de ese entonces creó la figura del despido arbitrario que permitió que los empleadores despidieran a los trabajadores sin mayor explicación.
La avalancha de normas antilaborales que dio el gobierno de Alberto Fujimori sepultó los derechos de los trabajadores desde los primeros años de su gestión.
El señor Raúl Ramos Silva es un sobreviviente de ese desastre. En el año 1994, luego de 35 años de servicio en la Municipalidad de Lima y con la nueva legislación laboral fujimorista, le pusieron la pistola en la cabeza: “O renuncias o no recibes beneficios”. Optó por lo primero y hasta ahora –a los setenta años de edad– no se le reconoce todos sus derechos. Él aún no se da por vencido.
“Estuve obligado a renunciar al igual que la mayoría de obreros con un mínimo de la indemnización de lo que me correspondía y hasta ahora nos deben. Por treinta y cinco años de servicio solo cobro 220 soles de pensión”, recuerda.
La lista de ‘muertos y heridos’ de esa aplanadora de decretos es larga. Manuel Cortez, secretario general de la Coordinadora Nacional de Despedidos, señala que entre los años 1991 y 1998 se despidieron a cerca de 300 mil trabajadores del sector público, 180 mil de la administración y unos 120 mil de las empresas.
Una de las primeras normas laborales del gobierno fujimorista se dio en enero del año 1991 cuando se publicó el Decreto Supremo 004-91 PCM –firmado por el entonces ministro de Economía Juan Carlos Hurtado Miller– , el cual se planteaba la reestructuración del Estado, porque –argumentaban– había mucha gente y se tenía que “racionalizar”, es decir, despedir. “Hasta entonces los trabajadores solo podían ser despedidos por faltas graves”, recuerda Cortez.
Dicho decreto autorizó a todas las entidades públicas a hacer reestructuraciones y dar incentivos para los trabajadores que quieran dejar su puesto de manera voluntaria, esto porque el sueldo básico de los trabajadores era ínfimo.
Cortez precisa que si bien ese sistema se llamó “voluntario” si el trabajador no lo aceptaba igual era despedido y sin incentivo, además que se prohibía su regreso a la administración pública.
“El pretexto del gobierno era que el Estado se tenía que reducir para ser más eficiente porque los trabajadores públicos eran ‘comechados’ y se necesitaba contratar a personal especializado. Lo cierto es que el número de trabajadores nunca se modificó porque luego de que despidieron a los estables se contrató a otros bajo el régimen de contratos por servicios no personales. Ellos no tendrían derechos como vacaciones, aportaciones al sistema de pensiones o seguro médico”, explica el dirigente.
Fuente: http://www.tarata21.com/2016/07/el-fujimorismo-destrozo-los-derechos.html
